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26/04/2013
Abogar por el derecho y bienestar de nuestros viejos
Importantes cuestiones en el abordaje del derecho de la ancianidad en la historia política y social Argentina y los principales retos que los profesionales derecho tenemos de cara al futuro.Por el Dr. Christian Hernan Gonzalez D´Alessandro, Director del Instituto de Derecho de la Ancianidad y Políticas Gerontólogicas del CAM.
 

 

Nuestro país fue uno de los pioneros en abogar por la protección de los derechos sociales, trazando un rumbo de suma importancia en Latinoamérica y el mundo.

En lo referente a la protección jurídica de las personas adultas mayores, de nuestros viejos, Argentina ha trascendido con fuerte impronta no sólo en materia previsional, siendo uno de los primeros países en tener un sistema jubilatorio regulado que encuentra antecedentes ya desde fines del XIX y principios del XX con los primeros núcleos por actividades como los empleados estatales, los ferroviarios, los empleados de servicios públicos, los bancarios, entre otros, sino también, en cuanto a la ancianidad, en un plano totalmente abarcativo.

Sin duda alguna, un hito de sumo interés en la protección de los derechos de la ancianidad, en cuanto al resguardo integral del adulto mayor, se marca en la historia el 28 de agosto de 1948 cuando Eva Duarte de Perón lee, por primera vez en la historia, la declaración de los Derechos de la Ancianidad quien los pone luego en manos del Presidente Juan Domingo Perón, incorporándose en la histórica Constitución del año 1949.

En esta magnifica Constitución, de fuerte impronta social, se concentró un capítulo completo referido a la protección de los ancianos e incorporó un decálogo de Derechos referente a ésta materia.

Se reconocerá que los viejos han de tener derecho a la asistencia y su protección integral a cargo de la familia y, en caso de desamparo, del Estado; la vestimenta, o vestido decoroso, adecuada a las condiciones climáticas; la alimentación sana, adecuada a la edad y al estado físico; al cuidado de la salud física como preocupación especialísima y permanente y a la salud moral asegurándose el libre ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto; al esparcimiento y recreación o entretenimiento; así como el acceso a la vivienda y el derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidades; el acceso al trabajo cuando el estado y condiciones lo permitan y evitándose así la disminución de la personalidad; viviendo en tranquilidad con respeto y en consideración de sus semejantes.

Lo malo es que Aquella duró un suspiro y lamentablemente, con la infortunada Revolución Libertadora de 1955, en el año 1956 se deroga esta Constitución, reimplantándose la del año 1853 de neto corte liberal.

Pero, en 1957 se vuelve a enmendar la Carta Magna. Se incorpora, de esta forma, el artículo 14 bis que, en su párrafo 3°, consagra los derechos de la Seguridad Social y, en particular, los derechos previsionales en Argentina.

Conforme la necesidad de proteger al anciano no sólo desde el derecho, en materia de salud, el 22 de noviembre de 1950 los médicos argentinos se reúnen con el objeto de intercambiar ideas y llevar adelante la posibilidad de organizar una Sociedad Médica destinada a difundir y mejorar los conocimientos relativos al diagnóstico y acciones terapéuticas acerca de las enfermedades propias de la vejez, como también la prevención de éstas.

Así el 25 de abril de 1951 se crea la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG), pionera en Latinoamérica, con el objeto de difundir los conocimientos y propiciar el desarrollo gerontológico, promoviendo la ciencia del envejecimiento y el estudio de la vejez, en cuanto al ser humano como ser bio-psico-social y existencial.

Otro hito de importancia ya como protección, acceso y derecho de la salud y servicios sociales de las personas de edad, el 13 de mayo de 1971 se crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), o más conocido como PAMI, que por ley 19.032 funcionará como “ente público no estatal”.

Puede decirse que, hasta el surgimiento de ésta Institución al servicio de los adultos mayores fueron las obras sociales las que tenían el deber de brindar las coberturas de salud a la población etárea que se encontraban afiliadas a las mismas. Sin embargo aquellas poco hacían por satisfacer las necesidades socio-sanitarias de este grupo poblacional, postergando y desatendiendo las problemáticas específicas del adulto mayor.

Esta Obra Social específica de los mayores y también pionera en Latinoamérica, como dijimos, tiene la particularidad de ser creada con el fin de prestar asistencia socio-sanitaria y servicios sociales tanto a quienes entran en la vejez, como a la familia de éstos.

Lamentablemente el INSSJP también fue víctima de la corrupción, la desidia, el despilfarro y el abandono de la conducción política.

Con idas y vueltas fue la justicia quien tuvo que salir al cruce y resolver ciertas cuestiones en la que a nuestros viejos se les va la vida.  

La jurisprudencia, por ejemplo, se refirió a la naturaleza jurídica de la Institución al decir que[1]: “El INSSJP es un ente público no estatal, es decir, que no forma parte del Estado, ya sea en la administración centralizada o descentralizada, que tiene personalidad jurídica e individualidad financiera y administrativa (cfr. art. 1°, ley 19.932, texto según ley 19.465), a la que el legislador separa nítidamente de la del Estado, al que se le otorgó el carácter de mero fiscalizador de recursos que provienen del sector privado y son destinados al mismo sector, por lo que los actos o decisiones de sus órganos no son administrativos, máxime cuando tienen por objeto el establecimiento de vínculos contractuales con particulares, siendo inaplicable la ley de procedimientos administrativos 19.549 (cfr. CS., Fallos: 312. 234), hallándose excluído de la ley de contabilidad (cfr. Fallos: 311: 1974; esta Sala, causa 90/01 del 6-3-2001 y sus citas). La circunstancia de que el INSSJP se encuentre intervenido por el PEN., no altera su naturaleza jurídica ni determina, por sí solo, que los actos cuestionados adquieran carácter administrativo, o que les resulten aplicables las normas de derecho público, como la ley 19.549 y, específicamente, lo establecido en su art. 28 (cfr. esta Sala, causa 9468/2001 del 11-12-2001)”.

Con la reforma de la Carta Magna del año 1994, en el artículo 75 inciso 22, se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico interno los Tratados Internacionales, los que adquieren jerarquía constitucional.

Y así en materia de Ancianidad, subsumida en la Seguridad Social, se incorpora la Declaración Universal de los Derechos Humanos la que consagra, en su artículo 22, que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.” 

Advertimos que, en dicha Declaración Universal, se consolida el Derecho de la Seguridad Social como uno de los pilares fundamentales de los derechos sociales universales por la cual todo habitante tiene el derecho de poseer.

En su artículo 25, la misma Declaración instituye los distintos subsistemas de la Seguridad Social, a los que reconoce como Derechos Humanos protegidos.  A saber:

“1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”

Estos artículos fundarán las bases de los Derechos de la Seguridad social, y en particular la cobertura de los riesgos de vejez, invalidez, muerte y protección familiar.

Por su parte Artículo 75 inciso 23 del texto constitucional se confiere, como atribución del Congreso de la Nación, la potestad de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (…)”

Como excelentemente lo señalara la Dra. María Isolina Dabove[2] al decir: “Así, pues, a partir de este entramado normativo, en la actualidad es posible reconocer al menos, tres tipos de derechos fundamentales en la vejez: los derechos de autonomía, los derechos de participación y los derechos de prestación o crédito. En cada uno de ellos es posible reconocer instituciones que fortalecen al ancianidad (por ejemplo: el derecho a la integridad física y moral, el derecho de libertad, el derecho de habitación viudal, el derecho al matrimonio, el régimen de alimentos, la figura de la lesión subjetiva, las figuras penales referidas a los abusos a la capacidad, a al integridad personal, etc.)”.

Pero, como muy bien dice la Autora, “otras instituciones, en cambio, requieren nuevas interpretaciones y adaptaciones para la protección integral en la vejez (vgr.: la capacidad, el derecho de propiedad y el derecho sucesorio, el régimen de violencia familiar, el derecho a la asistencia sanitaria, los derechos previsionales y la seguridad social, etc.). Pero también, encontramos importantes vacíos normativos tales como: los referidos al de la vida y a la eutanasia, a la legislación de fondo en materia de geriátricos, al derecho de los consumidores ancianos y su acceso al crédito; al derecho a la ocupación y al trabajo en la vejez; a los cuidadores domiciliarios, al voluntariado: O bien, la inadecuación de las instituciones y los tiempos procesales en relación a la esperanza de vida de las personas de edad, la falta de métodos alternativos de solución de conflictos en este campo, etc.)”.

A consecuencia del intento de destrucción continuo del derecho de la previsión social que se llevó a cabo a partir de la década de los 90 por el Estado Nacional al privatizar la seguridad social, y en particular el sistema de jubilaciones y pensiones, y el consecuente dictado de normativas adversas al derecho de nuestros jubilados y pensionado, en su gran mayoría ancianos, sumado al olvido en lo que hace a sus derechos, por parte de los funcionarios estatales, los abogados dedicados a la defensa del Derecho de la seguridad social, y en salvaguarda de los intereses de prioritariamente de nuestros mayores, crean en la Asociación de Abogados Previsionalistas  (ADAP) que, en el año 1996, abre sus puertas. La tarea primordial de la Asociación radicará, primordialmente, en canalizar la participación de los profesionales para la satisfacción del bien común, excediendo el mero interés sectorial.

Demás esta decir, como lo hacemos cada vez que podemos, que el Derecho de la Ancianidad no puede ser encasillado solamente al Derecho de la Seguridad Social, sino que la premisa es generar un espacio de investigación adecuado para el estudio de la vejez, y el derecho de las personas mayores dentro de la sociedad, interdisciplinario y transversalmente vinculado con el derecho de familia, el derecho constitucional, el derecho de salud, los derechos humanos, el derecho al esparcimiento, el derecho al bienestar, entre otras.

Para concluir, decimos que la Argentina del siglo XXI nos plantea un nuevo desafío.

El primero de ellos es innovar y seguir siendo pioneros, como lo fuimos, en la protección y defensa de los derechos de los adultos mayores no sólo desde la seguridad social, sino desde la transversalidad del derecho. El segundo es la protección del mayor en lo referente al acceso a la justicia, el debate hacia la reforma de un Código Civil que incluya, entre otras cuestiones; el derecho a la toma de decisiones en materia testamentaria y la disposición del patrimonio; el ingreso voluntario a las residencias gerontológicas y la libre autonomía de la voluntad; la regulación del “cuidador domiciliario” y los contratos de cuidado. La tercera será la revalorización de los derechos sociales de los que fuimos precursores como la sanción de una reforma integral de los organismos de seguridad social, de salud y de los servicios sociales tan burocráticos y por el que, a nuestros viejos, se les va la vida.

En fin nuestra función como profesionales del derecho especializado en esta rama será la abogar en favor de las personas mayores sensibilizando a quienes toman las decisiones; a las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo ONG, centros comunitarios, etc.; a los proveedores de financiamiento y recursos económicos ya sea internos o internacionales; a la opinión pública y los medios masivos de comunicación ya sea mediante la información, difusión y desarrollo de líneas de comunicación, incidencia y construcción de consensos, por ejemplo.

Dicha gestión se hará, pues, desde un esfuerzo organizado, por medio del cual todos nosotros debemos tender a la construcción del bienestar general y, en particular, a la promoción y atención de los más desprotegidos.

Como bien dice el Dr. Medardo Mora Solórzano[3] en un artículo publicado en Internet bajo el título “El Abogado: La Importancia de su Rol Social”[4]: “La palabra Abogado tiene su origen en el latín “advocare” cuyo significado literal es convocar, es decir el Abogado está llamado a ser, dentro de su ejercicio profesional, alguien que sirva como un intercesor o un mediador entre quienes en un momento dado pudieran requerir de sus servicios o asesoría como profesional, como el natural conocedor del ordenamiento jurídico que rige la vida de una sociedad, no para radicalizar una controversia o conflicto entre quienes tienen desacuerdos como equivocadamente se cree, sino para procurar superar esa conflictividad, pudiendo de igual manera prestar asesoramiento a quienes en una determinada circunstancia necesitan conocer sobre el verdadero sentido de aplicación de una ley”.

No me queda otra cosa más que decir que: Aboguemos y construyamos todos juntos el derecho de nuestros adultos mayores.



[1] CNACC Cámara nacional en lo Civil y Comercial. Sala 1. “GUTIERREZ RICARDO HOMERO C/ INSTITUTO NAC DE SERV SOC PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS S/ AMPARO”. 25/06/02. Dr. Martín D. Farrell - Dra. María Susana Najurieta. 7.672/2001.

 

[2] DABOVE, María Isolina; “INFORME REFERIDO AL DERECHO DE LA ANCIANIDAD EN EL BICENTENARIO ARGENTINO (1810-2010)”; ISSN 1514-2469.

www.centrodefilosofia.org.ar/investigacionydocencia43.htm

[3] (Ecuador, 1942) Dr. en Jurisprudencia, Rector fundador de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ex-Alcalde de Manta, ex-presidente del CONUEP y luego CONESUP (Consejo de Universidades y Escuelas politécnicas). Autor de los libros La Situación de la educación Superior en el Ecuador, Filosofía de la vida o la vida es una filosofía (dos ediciones), Eloy Alfaro un líder del ayer y un ejemplo del mañana (cinco ediciones) Reforma política: anhelos y realidad nacional, y La educación única vía hacia la igualdad (dos ediciones). Doctor Honoris Causa a la Excelencia Educativa 2005 en Punta del Este, Uruguay.

[4] http://medardomora-reformapolitica.blogspot.com.ar/2007/05/el-abogado-la-importancia-de-su-rol.html

 

 
 
 
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