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15/05/2017
DECLARACION ACERCA DEL FALLO DE LA CSJN EN LA CAUSA BIGNONE - Un retroceso en la protección de los Derechos Humanos
El Colegio de Abogados de La Provincia de Buenos Aires, en el marco de las facultades previstas en los artículos 49 y 50 de la Ley 5177, expresa su preocupación frente al dictado de la resolución dela Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 3 de mayo de 2017 en la causa “Bignone, Benito Reynaldo y otros s/ Recurso Extraordinario”, que con el voto mayoritario de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco, entiende aplicable a los condenados por delitos de lesa humanidad los beneficios previstos por la Ley 24.390, vigente entre los años 1994 y 2001, invocando el principio de legalidad, al aplicar la regla de la ley penal más benigna.
 

 

Recordamos que la Ley 24.390 fue aplicable a las personas que se encontraran privadas de libertad en el momento en que se aprobó, y sólo durante el tiempo que estuvo vigente. Por lo tanto, la ley mencionada no puede beneficiar a personas que fueron privadas de libertad por condenas posteriores, cuando ya no estaba en vigor.

Asimismo, advirtiendo que durante el período de su vigencia rigieron la polémica Ley 24.390 (2 x 1) y de Obediencia Debida, Punto Final e Indulto,  por lo que los órganos judiciales no podían juzgar esos crímenes, siendo absurdo aplicar una ley de beneficio penal por un período en el que esos delitos no podían ser perseguidos.

Los delitos de desaparición forzada de personas son delitos continuados, permanentes en el tiempo, por lo que no cesan en su comisión hasta dar con el paradero de la víctima. Así lo sostuvo la Corte Suprema en el caso “Arancibia Clavel” sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad:“la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y; que los estados partes están obligados a respetar y garantizar”.

Es dable resaltar que nuestro país se encuentra comprometido internacionalmente mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumentos internacionales que, junto al mencionado en el párrafo precedente, se han constituido en un refuerzo de la parte dogmática de nuestra Constitución Nacional, al ser incorporados con rango constitucional con la reforma de nuestra Carta Magna, en el año 1994.

De diversos precedentes jurisprudenciales emanados tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, así como de los términos, contenido y alcances de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos (órgano de supervisión del PIDCyP), surge palmario que determinados derechos fundamentales no solo han sido reconocidos por la Comunidad Internacional en su conjunto como parte del derecho internacional consuetudinario, sino que además son considerados como normas imperativas del derecho internacional.

Exhortamos que el poder judicial argentino, al disponer el juzgamiento  de crímenes de lesa humanidad, debe respetar el derecho internacional de los derechos humanos, configurado por normas  de obligado cumplimiento.

 

Reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

 
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Declaración Colproba

 
 
 
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