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11/12/2015
Principio de progresividad -de no regresión- en materia ambiental
El pasado 28 de octubre la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se pronunció en materia de medio ambiente, utilizando el principio de progresividad.
En esta oportunidad, la Dra. Andrea Burucua, Directora del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Morón, realizó un análisis sobre el fallo que describe posturas novedosas en materia del derecho al medio ambiente sano y define que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual.
 

En el fallo que les acercamos la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires suspende la aplicación de una ley aplicando el principio de progresividad – de no regresión- que rige la materia ambiental. 

La Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica "18 de Octubre" promueve  demanda originaria a efectos que se declare la inconstitucionalidad de la ley 14.516, que desafecta cinco parcelas de la "Reserva Natural Laguna de Rocha", ubicada en el partido de Esteban Echeverría, declarada tal por ley  14.488. 

La actora sostiene que la norma  vulnera el derecho al ambiente sano, infringe el deber del Estado provincial de proteger y preservar los recursos naturales y áreas de importancia  ecológica, la flora y la fauna del territorio, afectando un ecosistema que como tal resulta indivisible, fundando su postura en que con esta reforma normativa se vulnera el principio de progresividad previsto expresamente en el art. 4 de la ley 25.675.

El fallo suspende cautelarmente la aplicación de la ley cuestionada, por entender que “De este modo, se advierte que el principio de progresividad que rige la materia ambiental -y el de no regresividad al que contiene- resultaría afectado por la mentada desafectación, instrumentada por la ley cuestionada en autos.”

EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

El artículo 4 de la ley 25.675 General del Ambiente enumera los principios  que rigen la   interpretación y aplicación de las leyes ambientales, entre ellos el de progresividad, al que define como: “Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.” 

Este principio sostiene el avance gradual, en etapas, de la concreción de la protección y regulación ambiental. Y lleva implícita (doble dimensión) la obligación de sostener los avances alcanzados, no disminuirlos, no retroceder en los progresos obtenidos, esto se conoce como principio de “no regresión”. 

Este principio que recepta expresamente el derecho ambiental ya fue reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el  Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificados por Argentina.  “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” (Artículo 2.1 PIDESYC).  

A través de estos pilares (progresividad y no regresión),  los derechos conquistados no deberían ser puestos en riesgo, ni siquiera reavivarse su debate, salvo que un interés superior lo justifique, claramente como excepción.  Cualquier norma o decisión administrativa que implique retroceso,  en el sentido de menoscabo,  de un derecho o situación jurídica estarían vulnerando este principio fundamental de la gestión y política ambiental de nuestro país. 

Para  Víctor Abramovich y Christian Courtis  “la prohibición de REGRESIVIDAD constituye un nuevo criterio al control de razonabilidad de las leyes y reglamentos cuando se examina judicialmente la adopción de normas que reglamentan derechos económicos, sociales y culturales.” Esto sería aplicable a cualquier norma impugnada  menos favorable para el titular del derecho que la sustituida. 

Y así también lo entendió el fallo que comentamos al decir: “Por este motivo las reformas legislativas en el ámbito de la protección del ambiente requieren de un examen y justificación razonables de los cambios introducidos así como de los impactos que ellos habrán de causar.

El derecho debe dirigirse hacia adelante, acompañando los cambios sociales, las luchas y conquistas colectivas. Es siempre dinámico pero ese movimiento debe ser evolutivo, de ascenso de mejora en el acceso y ejercicio real de un derecho. 

 

Dra. Andrea Burucua, Directora del Instituto de Derecho Ambiental,

Colegio de Abogados de Morón

 
Archivos Adjuntos:

"ASOCIACION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION ECOLOGICA 18 DE OCTUBRE C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 14.516"

 
 
 
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