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10/12/2013
Créditos laborales: En Provincia volvemos a la tasa pasiva
Publicamos el fallo por el cual la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399, que dispone la aplicación del "promedio de la tasa activa" establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento, para la liquidación de condena en juicios laborales. Por mayoría, el Máximo Tribunal bonaerense consideró que la fijación de la tasa de intereses moratorios “es un ámbito cuya legislación, de orden común, las provincias han delegado al Estado federal, privativo del Poder Legislativo de la Nación”. Además, siguiendo con su doctrina, estableció que la tasa que deberá aplicarse es la pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a 30 días. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
 

Así lo dispuso, en los autos "ABRAHAM, HÉCTOR OSVALDO CONTRA 'TODOLI HNOS. S.R.L.' Y OTROS. DAÑOS Y PERJUICIOS".

El Tribunal del Trabajo nº 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora hizo lugar parcialmente a la acción promovida. La codemandada "Federación Patronal Seguros S.A." interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Entre otros temas, se agravia de la tasa de interés activa aplicada en el pronunciamiento de origen al capital de condena, ello por entender que la decisión vulnera la doctrina que sobre el particular tiene establecida la Suprema Corte de la Provincia.

El primero de los ministros en votar fue el Dr. Soria quien, respecto de este tema en particular, señaló que “la ley 14.399 fija la tasa para el cálculo de los intereses que deberán adicionarse al monto total de la condena en los procesos laborales. En concreto, dispone la aplicación del "... promedio de la tasa activa" establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento.

De los fundamentos del proyecto se desprende que, al margen de su incorporación en el régimen procedimental, con su sanción se ha procurado contemplar un aspecto sustancial, no adjetivo, concerniente a los derechos del trabajador dependiente. Se establece así una tasa por considerarla más adecuada a los intereses implicados en la relación de trabajo…” (la negrita es nuestra)

Al respecto, “la evaluación constitucional de la ley 14.399 exige discernir si una norma local como la mencionada puede válidamente regular aspectos de una relación jurídica del derecho común; y, en todo caso, si se trata de una de las "leyes especiales" a las que se hace referencia en el art. 622 del Código Civil.” (la negrita es nuestra)

Para el magistrado, “no cabe duda que la ordenación jurídica de las relaciones del trabajo es un ámbito cuya legislación, de orden común, las provincias han delegado al Estado federal, privativo del Poder Legislativo de la Nación (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concordantes, C.N.; Fallos 320:1344; 311:1795; 275:254; 256:215; entre otros). Tampoco que, en ese campo, ha de incluirse precisamente el tramo que la ley 14.399 viene a regular: el relativo a los efectos de la mora en el cumplimiento de la obligación pecuniaria emergente del contrato de trabajo y su resarcimiento mediante la aplicación de los intereses. Ello revela la incompatibilidad entre la normativa provincial enjuiciada y la atribución de competencias constitucional prevista en la cláusula de los códigos (art. 75 inc. 12, C.N.).” (la negrita es nuestra) 

Desde otro ángulo, nada obstaría en términos constitucionales a que se incorporare una disposición sustantiva, de contenido análogo al que en este pleito se cuestiona. Probablemente ello sería valorado positivamente en el marco de las relaciones laborales como instrumento de protección de la parte más débil de ese vínculo y desincentivo a la morosidad patronal en el reconocimiento de los derechos materiales de los trabajadores.

Ahora bien, una normativa que apuntare a ese objeto debería provenir del Congreso de la Nación, pues así lo impone la Constitución (art. 75 inc. 12, C.N.).” (la negrita es nuestra)

Los ministros Genoud, Kogan, Pettigiani, Hitters compartieron esta postura, aunque agregando sus propios fundamentos.

En cambio, el Dr. Negri destacó que el Código de Trabajo y Seguridad Social no ha sido dictado, ni como cuerpo separado, independiente ni unificado a otros códigos. Tampoco una ley que resuelva la cuestión en examen.

Y en consecuencia, una determinación tan radicalmente propia como es la tasa de interés para los créditos laborales (que debe contemplar los efectos del tiempo en una relación marcada por la vulnerabilidad de las partes) ha quedado librada a una definición judicial fundada en otra rama del derecho, con distintos matices y requerimientos particulares.” (la negrita es nuestra)

Por ende, “…la ley 14.399 de la Provincia de Buenos Aires ha venido a suplir esa omisión.

Lo ha hecho, ciertamente, anticipándose a una legislación general aún no dictada.

Pero subsanando, al menos momentáneamente, la morosidad de un legislador que lleva años sin resolver esta decisiva cuestión.” (la negrita es nuestra)

A su turno, el Dr. de Lázzari, si bien se pronuncia por la inconstitucionalidad de la citada ley local, ratifica su postura “de que esta Suprema Corte debe replantearse la cuestión referida a la tasa de interés en los créditos laborales, aunque respetando el principio de que son los jueces del tribunal quienes, por su conocimiento de las partes y de las circunstancias que rodean al caso (tanto las particulares del mismo como las generales del tiempo y la comunidad en que la situación se da), en mejores condiciones se hallan para establecer (ejerciendo la razonabilidad, la prudencia y la equidad) la tasa a la que se han de calcular los intereses que ha de producir un capital.” (la negrita es nuestra)

En definitiva, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo "Federación Patronal S.A." y, entre otros puntos, se revoca la sentencia impugnada declarándose “la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y se revoca también la decisión de grado en cuanto a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses adeudados, los que deberán determinarse con arreglo a la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta (30) días, vigentes en el inicio de cada uno de los períodos comprendidos”.

Dr. Jorge Oscar Rossi

Director del Boletín Jurídico del CAM

 
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DESCARGUE EL FALLO COMPLETO (FUENTE: www.scba.gov.ar)

 
 
 
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