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20/08/2013
Si era una operación programada y faltaban insumos, había que suspender la intervención
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenó a un médico cirujano y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños padecidos por un paciente en un hospital público, como consecuencia de la cirugía maxilar a la que fue sometido. El Tribunal destacó que está acreditado que existió una conducta negligente del galeno al realizar un indebido cambio en el plan quirúrgico por falta de insumos, cuando el paciente ya estaba anestesiado, lo que trajo además como resultado una cicatriz innecesaria por un procedimiento que no se realizó, alterando la armonía del rostro del damnificado. Añade que el Gobierno de la Ciudad resulta responsable no sólo por el imprudente actuar de su dependiente, sino porque ello importa falta de servicio adecuado. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
 

Así lo resolvió la Sala L, en los autos “C.R.P C/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/DAÑOS Y PERJUICIOS”. 

En primera instancia se hizo lugar a la demanda entablada por medio de la cual el actor reclamó los daños y perjuicios padecidos como consecuencia de la intervención quirúrgica a la cual se sometió el 3 de octubre de 2003, debido a una fractura de maxilar inferior sufrida el 24 de septiembre de 2003.

Apelaron las partes y, en la Alzada, la vocal preopinante fue la Dra. Pérez Pardo, quien, respecto del encuadre normativo cuestionado por los demandados, destacó el carácter contractual del incumplimiento, al señalar que “el caso de autos debe encuadrarse dentro de dicha órbita de la responsabilidad. Ello aún cuando la atención fuera brindada por un hospital público, por cuanto la gratuidad del servicio no obsta a la configuración de la relación contractual que une al actor con los demandados.” (la negrita es nuestra)

Por otro lado, “cabe advertir que en la actualidad, sea a través de obras sociales, empresas de medicina prepaga o entidades estatales, la actividad profesional es una actividad de servicio, que es realizada empresarialmente. Ha desaparecido la relación médico-paciente pura, ya que casi no hay pacientes que arriben a un médico sin que tengan un vínculo previo con esas entidades. De modo tal que el enfoque jurídico debe partir de la empresa médica, haciéndola cargo de las redes de prestadores conectados entre sí, de los múltiples vínculos que los entrelazan, y a partir de ello, arribar a la actividad profesional (conf. Lorenzetti, Ricardo L. en “Nuevos enfoques en la responsabilidad profesional”, LL 1996-C-1172).

En el caso específico de la responsabilidad médica, tiene en sí misma una substancialidad y agilidad que permite hablar de un “microsistema normativo”, que está mínimamente regulado por el Código Civil, resultando prioritarias las normas administrativas, las leyes que regulan la profesión, la del seguro de salud, la jurisprudencia y la doctrina; siendo parte de la labor jurídica, atender también el contexto en que se ejerce esta profesión.” (la negrita es nuestra)

Respecto de las cargas probatorias, “es la parte actora quien, en principio, debe acreditar que el médico incurrió en imprudencia, impericia o grave negligencia, pues la obligación es de medios y no de resultados, y debe procurar – no está obligado – al restablecimiento de la salud, aplicando todos sus conocimientos y su diligencia. Cuando el paciente demuestra la existencia de su crédito a la atención medica y el daño verificado en su salud, incumbe al profesional demostrar que cumplió de acuerdo a los principios de la lex artis acreditando así el hecho extintivo o impeditivo que obste al progreso de la pretensión, o bien que se verificó una causa de justificación…” (la negrita es nuestra)

En el presente caso, de la pericial médica surge que “con el análisis de los autos y de los documentos aportados es que pudo determinar que hubo un cambio sobre la marcha de la terapéutica y el procedimiento quirúrgico a realizar en el actor, lo cual constituye una desprolijidad. El profesional actuante debió estar al tanto de los insumos con los que contaba previo al ingreso del paciente al quirófano y la inducción anestésica del paciente en quirófano, para así -en caso de que surja cualquier tipo de contingencia relacionada a los medios para realizar dicha intervención- se informara al paciente previamente, como corresponde, y en términos que sean comprensibles para el paciente. Señaló también que resultaba curioso que en la epicrisis figure un procedimiento que finalmente no se realizó y que aún así el paciente tenga una cicatriz correspondiente al acceso quirúrgico del tratamiento mencionado.” (la negrita es nuestra)

La perito fue contundente al informar que el tratamiento que se le practicó al actor no fue el de elección.” (la negrita es nuestra)

Para la magistrada, “tampoco puede el Gobierno de la Ciudad de Buenos desentenderse de responsabilidad por esta circunstancia, no sólo por el imprudente actuar de su dependiente, sino porque ello importa falta de servicio adecuado, incumpliendo así con la obligación de seguridad en las prestaciones que también se encontraba a su cargo.” (la negrita es nuestra)

Siendo compartido este criterio, se resolvió confirmar esta parte de la sentencia apelada y hacer lugar, además, al agravio de la actora respecto de diversos rubros indemnizatorios, por lo que se dispuso elevar la indemnización por incapacidad sobreviniente a la suma de $60.000; el daño moral a $30.000, los gastos médicos a $1.500 y los futuros a $5.000, fijando los intereses desde la intervención quirúrgica (03/10/2.003), hasta el efectivo pago, según la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días, del Banco de la Nación Argentina.

Dr. Jorge Oscar Rossi

Director del Boletín Jurídico del CAM

 
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DESCARGUE EL FALLO COMPLETO (FUENTE: www.infojus.gov.ar)

 
 
 
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