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07/08/2012
Plenario: los honorarios siempre se pueden apelar
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en pleno, estableció como doctrina legal que ?es apelable la regulación de honorarios correspondiente a un juicio que no es recurrible por no superar el monto establecido en el art. 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, modificado por la ley 26.536?. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
 

Así lo resolvió, en los autos “RAMPONI MARTHA EMMA C/EDESUR S.A. S/DAÑOS Y PERJUICIOS”.

La cuestión sometida a plenario fue la siguiente:

¿Es apelable la regulación de honorarios correspondiente a un juicio que no es recurrible por no superar el monto establecido en el art. 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, modificado por la ley 26.536.?

La mayoría votó por la afirmativa. Entre otras consideraciones, pueden resaltarse las siguientes:

* “Cabe recordar los dos criterios existentes en esta Cámara respecto del tema objeto de esta convocatoria y que dieran sustento al recurso de inaplicabilidad de la ley interpuesto…Por un lado, se sostiene que cuando el monto que surge de una sentencia no supera la suma establecida por el art. 242 del Código Procesal, estamos en presencia de una causa sujeta a instancia única ; en consecuencia, está impedida la intervención de la Cámara para cualquier cuestión que se plantee por razón de su escasa importancia económica. No juega en estos casos la regla de apelabilidad de los honorarios dispuesta por el art. 244 del citado Código de rito, pues dicha norma, que es anterior y general, presupone que se está ante un juicio estructurado en la doble instancia y la ley 23.850 (modificada por la ley 26.536), que es específica y posterior, somete estos procesos de reducido monto a una única instancia. Por ello, en los pleitos que se discuten sumas inferiores al mínimo dispuesto por el mencionado art. 242, la intervención de los tribunales de alzada es improcedente cualquiera fuese la naturaleza de la cuestión planteada.-
La otra postura (que es compartida por el vocal de la Sala II, doctor Alfredo Silverio Gusman y por las Salas I y III del Tribunal) , interpreta que el monto de inapelabilidad establecido en el aludido art. 242 del Código Procesal no puede ser aplicado en materia arancelaria, toda vez que el último párrafo de la norma aludida (que fue modificada por la ley 26.536), establece claramente que la inapelabilidad no comprende los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios (confr. ley 26.536 del 28-10-09, B.O. 27-11-09, ver espec. último párrafo del art. 242 del Código Procesal).” (la negrita es nuestra)

Efectivamente, los artículos mencionados disponen lo siguiente:

“Art. 242. - El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procederá solamente respecto de:

1. Las sentencias definitivas.

2. Las sentencias interlocutorias.

3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.

Serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones cualquiera fuere su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el monto cuestionado sea inferior a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000).

Anualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación adecuará, si correspondiere, el monto establecido en el párrafo anterior.

A los efectos de determinar la inapelabilidad de una sentencia o resolución, se estará al monto que rija en la fecha de presentación de la demanda o de la reconvención. Si al momento de dictarse la sentencia se reconociera una suma inferior en un VEINTE POR CIENTO (20%) a la reclamada por las partes, la inapelabilidad se determinará de conformidad con el capital que en definitiva se reconozca en la sentencia.

Esta disposición no será aplicable a los procesos de alimentos y en los que se pretenda el desalojo de inmuebles o en aquellos donde se discuta la aplicación de sanciones procesales.

La inapelabilidad por el monto establecida en el presente artículo no comprende los recursos deducidos contra las regulaciones de honorarios.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.536 B.O. 27/11/2009)”

“Art. 244. - No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar será CINCO (5) días.

Toda regulación de honorarios será apelable. El recurso de apelación deberá interponerse y podrá fundarse dentro de los CINCO (5) días de la notificación .” (la negrita es nuestra)

* “Lo primero que debe afirmarse es que resulta fuera de toda duda -a nuestro juicio-, que el propósito perseguido por el legislador mediante la reforma introducida por la ley 26.536 al art. 242 del Código Procesal, que se tradujo en la incorporación de su último párrafo, no fue otro que el de consagrar la apelabilidad de toda regulación de honorarios sin establecer limitación alguna en cuanto al monto comprometido . El concepto allí expresado no posee contornos imprecisos o susceptibles de múltiples interpretaciones.-
En efecto, la norma es clara y de su sola lectura surge diáfano la respuesta a la cuestión planteada: “La inapelabilidad por el monto establecida en el presente artículo no comprende los recursos deducidos contra las regulaciones de honorarios” (confr. último párrafo del art. 242, modificado por ley 26.536)” (la negrita es nuestra)

* “ Es que el último párrafo del art. 242 de Código Procesal (incorporado por la ley 26.536), vino a establecer una nueva excepción al principio de inapelabilidad por el monto . Recordemos que ya existían tres: a) para los procesos de alimentos, b) para los desalojos y c) para las sanciones procesales (confr. art. 242, penúltimo párrafo). Una posición contraria a esta interpretación, sería cuestionable -a nuestro entender- como pauta de hermenéutica jurídica, mayormente cuando se trata de una norma que despertó en los legisladores la clara intención de que los recursos deducidos contra las regulaciones de honorarios queden exceptuados de la aplicación de lo dispuesto en la primera parte del mentado art. 242, recogiendo así el criterio sustentado por la Cámara Civil en el fallo plenario del 29-6-2000 “Aguas Argentinas c/Blanck Jaime”, en el que se adopta el criterio de apelabilidad irrestricta de las resoluciones que fijan la retribución de los honorarios profesionales (confr. en este sentido, Cámara de Senadores, Comisión de Legislación General, fundamentos del Senador Miguel Pichetto, sesiones ordinarias de 2008, orden del día N° 240, impreso el 28-5-2008).” (la negrita es nuestra)

* “Por el otro, y si alguna duda cupiere respecto de la interpretación de los textos legales que hoy nos ocupan, se debe estar a la aplicación del principio que favorece la apelación, pues la inapelabilidad resulta una medida de excepción (Morello-Sosa-Berizonce, “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentado y Anotado”, T° III, pág. 163; Fenochietto-Arazi, ob.cit. T° 1, pág. 865; Kielmanovich Jorge, “Apelación de honorarios: una interpretación amplia”, LL 1996-B-190/1) .En consecuencia, debemos apegamos siempre a favor de la apelabilidad, pues si bien la doble instancia no es requisito constitucional del debido proceso (confr. CSJN. Fallos: 36:1240; 138:75; 246:363; Díaz Clemente A., “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, T° 1, pág. 303, entre otros), si el recurso es indebidamente negado o restringido resulta lesivo al proceso y cercena la amplitud a que tiene derecho el justiciable (confr. Bidart Campos, “Pluralidad de instancias y defensas”, ED 80-659; González Atilio C., “La .inapelabilidad en razón del monto”, Revista de Derecho Procesal, T° III, pág. 11/113 Fassi-Yañez, ob.cit. T° 1, pág. 283 Fenochietto-Arazi, ob.cit. T° 1, pág. 160).” (la negrita es nuestra)

* “…Que debe también añadirse a lo dicho en el considerando anterior, otro argumento de suma importancia en favor de la apelabilidad de los honorarios (independientemente de cual fuese el monto del juicio) y es el que atiende a la materia objeto de apelación, que tiene naturaleza propia, ya que se trata de recursos sobre la retribución que percibe el abogado por la defensa de los derechos y garantías constitucionales de sus asistidos . Existe aquí otro valor tanto o más trascendente que el dinero, lo que hace que el reclamo del profesional o de la parte vaya más allá del simple contenido numerario, ya que el valor del trabajo humano no es algo que pueda ser mensurado exclusivamente en dinero.” (la negrita es nuestra)

Por la minoría puede mencionarse el voto del Dr. Guarinoni, para quien, “lo que se encuentra en juego es la garantía constitucional de la igualdad (art. 26 de la Constitución). Si la doble instancia es un derecho constitucional comprendido en la garantía del debido proceso (ver Pacto de San José de Costa Rica, integrante de la Constitución Nacional según su art. 75 inc. 22; art. B, inc. 2, h), entonces su limitación solamente puede ser efectuada en forma uniforme, so pena de violar la garantía señalada. En la especie, la interpretación propuesta del art. 242 del CPCC, modificado por ley 26.356, viola la garantía de igualdad, dado que, en un mismo juicio, las partes y sus letrados reciben un tratamiento diferente, y esto puede generar groseras desigualdades. En efecto, va a ocurrir que el monto de un juicio lo torne inapelable para la parte, pero resulte apelable para los letrados intervinientes. Ello puede llevar a que, p.ej., una sentencia de primera instancia haya reconocido a la actora una suma de dinero, y por no exceder el máximo, resulte inapelable para la parte, pero no para su letrado. Con el criterio que expresa el dictamen anterior, el letrado podría apelar el monto de sus honorarios, por bajos. Supóngase que la Cámara reconoce que la sentencia debería haber prosperado por una suma mucho mayor a aquella otorgada por el primer sentenciante. Dado que no puede intervenir al respecto, el fallo ha quedado firme respecto de la parte. ¿Podrá corregir el monto de los honorarios? Si lo hace, puede resultar que el letrado perciba más dinero que la parte que representa o patrocina, lo cual viola toda la legislación en materia arancelaria, amén de la garantía constitucional de la igualdad, y hasta la de defensa en juicio.” (la negrita es nuestra)

En definitiva, como doctrina legal se estableció que

Es apelable la regulación de honorarios correspondiente a un juicio que no es recurrible por no superar el monto establecido en el art. 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, modificado por la ley 26.536.”


PUEDE DESCARGAR EL TEXTO COMPLETO DEL PLENARIO HACIENDO CLICK AQUÍ . (FUENTE DEL FALLO: www.infojus.gov.ar . El archivo está comprimido en formato "zip". Al descomprimirlo encontrará un archivo en formato “doc”)

 
 
 
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