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25/07/2016
$500.000 de daño punitivo: Con los sorrentinos no se juega
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la sentencia que condenó a la empresa COTO a pagar $500.000 en concepto de daño punitivo y $20.000 por daño moral, por la comercialización de una caja de pastas frescas en mal estado y con dos fechas de vencimiento distintas superpuestas. Para el Tribunal, la absoluta falta de colaboración procesal de la demandada a la hora de arrimar pruebas que la eximan de responsabilidad, sumada a la gravedad de la falta, por estar comprometida la salud de los consumidores, justifican el monto de la multa civil impuesta. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
 

Así lo resolvió la Sala B, en los autos “BARRERA JORGE RAMON contra COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. sobre ORDINARIO”.

El actor promovió demanda contra Coto Centro Integral de Comercialización S.A. (en adelante “Coto”) solicitando se la condene al pago de $2.200.000 con más sus intereses y costas, por los daños y perjuicios que alegó haber padecido como consecuencia de la adquisición de pastas frescas fabricadas por la demandada que se habrían encontrado en mal estado de conservación y con dos fechas de vencimiento distintas superpuestas.

La sentencia de primera instancia condenó a Coto abonar al actor la suma de $510.000 con más sus intereses y a entregarle una caja de pastas similar a la adquirida.

Para así resolver, el a quo concluyó, luego de efectuar un análisis del encuadre jurídico que estimó aplicable al caso y de valorar las diversas pruebas rendidas en la causa, que la accionada incumplió con las obligaciones de seguridad e información que la Ley de defensa del consumidor establece en cabeza de los proveedores de bienes y servicios.

Asimismo, destacó el resultado de los exámenes bromatológicos efectuados en el marco de las actuaciones administrativas iniciadas por el actor, donde surgía que la muestra analizada violaba el Código Alimentario resultando, por ende, un alimento prohibido para su comercialización.

La sentencia es apelada por las partes y, en la Alzada, la vocal preopinante es la Dra. Ballerini quien, respecto de la aplicación al caso del principio de las cargas probatorias dinámicas, estimó que el mismo "actualmente se encuentra reforzado –en el marco de las relaciones de consumo- de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la ley 24.240 (luego de su reforma por la ley 26.361), el cual coloca en cabeza de los proveedores, la carga de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, en orden a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio.

En consecuencia, no sólo por encontrarse en mejores condiciones de hacerlo (por ejemplo, por ser quien tenía en su poder el libro de quejas), sino también porque –como se dijo- la legislación vigente le impone un rol activo en la aportación y producción de aquellas pruebas que se encuentre dentro de su alcance y que ayuden a esclarecer los extremos controvertidos, la accionada no podía válidamente escudarse en una mera negativa genérica de los hechos denunciados por el actor…, prácticamente sin producir pruebas o –mínimamente- aportar aquellas constancias documentales que se encontraban en su poder.” (la negrita es nuestra)

En este contexto, "pese a la intimación que a tal efecto se cursara en la anterior instancia bajo apercibimiento de ley…, la defendida no acompañó el libro de quejas en donde el Sr. Barrera habría asentado su reclamo el día en que realizó la compra de los productos cuestionados, haciéndose efectivo en consecuencia el mismo..." (la negrita es nuestra)

"Nótese que la inmediación temporal entre la compra y la formulación de la queja (realizada en el mismo día, de acuerdo al relato del actor), parecería indicio suficiente del modo en que sucedieron los eventos, ya que –de acuerdo a un normal acontecer de las cosas- si el ticket de compra o mismo la caja de pastas con su contenido y fechas de vencimiento superpuestas no se habrían encontrado en las condiciones denunciadas por el accionante en ese instante, el supermercado habría objetado inmediatamente el reclamo." (la negrita es nuestra)

Para la magistrada, "las respuestas y soluciones que los proveedores brindan a sus consumidores ante una queja o problema en concreto, se encuentra íntimamente relacionadocon el trato digno que no solo merece el consumidor en el ámbito de la relación de consumo (art. 42 CN), sino todas las personas en general, por su mera condición de seres humanos." (la negrita es nuestra)

Además, la vocal valoró la restante prueba aportada por el actor: "...se acompañó el ticket correspondiente a la compra efectuada por el actor el 20/03/2011 en una de las sucursales de la accionada, en donde se aprecian dentro de los artículos allí discriminados, la compra de 3 cajas de sorrentinos." (la negrita es nuestra)

"Asimismo, se adjuntó la tapa de la caja de sorrentinos..., donde precisamente se aprecia la existencia de dos etiquetas superpuestas con distinto vencimiento en cada una de ellas...", lo que también se acreditó con la testimonial aportada.

En síntesis, "el valor indiciario que surge de la negativa exhibida por la accionada a acompañar el libro de quejas, sumado a la documentación adjuntada con el inicio de la demanda, los testimonios que ratifican los hechos invocados por el actor, las constancias obrantes en la denuncia administrativa efectuada ante los organismos de protección al consumidor y –por último- la conducta pasiva desplegada por la defendida respecto al ofrecimiento y producción de pruebas que procurasen desvirtuar aquellas aportadas por el actor, me inducen a concluir que: a) el producto en cuestión efectivamente fue adquirido por el actor; b) que éste se encontraba en mal estado; y c) que poseía dos fechas de vencimiento distintas y superpuestas como se observa a simple vista." (la negrita es nuestra)

Respecto a los montos indemnizatorios, la magistrada juzgó que el monto de $20.000 en concepto de daño moral fijado en primera instancia resulta adecuado, dado que "no se trata únicamente de los disgustos ocasionados por el hecho de adquirir un alimento para consumo familiar en mal estado, sino que debe añadirse: a) la circunstancia de la existencia de un doble etiquetado, adulterando la fecha de vencimiento de un producto que se suponía fresco (y de calidad premium); y b) el accionar desinteresado evidenciado por el proveedor para arribar a una solución, no sólo frente al reclamo asentado por el consumidor en su libro de quejas, sino también ante las denuncias administrativas iniciadas por éste." (la negrita es nuestra)

En cuanto al importe reconocido en concepto de daño punitivo, la camarista coincidió con el juez de grado en que "no puede confundirse o asimilarse una operación de compraventa de indumentaria o un electrodoméstico, con la adquisición de alimento para consumo humano.

Por ello, las consecuencias que podrían derivar de un hipotético vicio en estos productos deben ser juzgadas con mayor severidad. Es que en cuestiones donde puede hallarse comprometida la salud, el criterio a adoptarse tendría que ser de “tolerancia cero”..." (la negrita es nuestra)

Por otra parte, "resulta agravante el hecho que el bien comercializado exhibiera dos fechas de vencimiento distintas y superpuestas. Esto hace presumir que el fabricante, en vez de destinarlo a descarte una vez expirado el período durante el cual resulta apto para consumo (y asumir la pérdida económica por la imposibilidad de vender dicho producto), le insertó un nuevo vencimiento para igualmente proceder a su venta." (la negrita es nuestra)

Por último, "no resulta un dato menor el resultado que arrojaron los análisis bromatológicos efectuados en el ámbito de la denuncia administrativa iniciada a instancias del actor.

Allí, el laboratorio que llevó adelante el estudio concluyó que las muestras frescas tomadas de la sucursal de la demandada incumplían la normativa vigente en la materia, resultando por ende, un alimento alterado, prohibido para su venta de conformidad con el artículo 6 bis del C.A.A... Cabe destacar, que la defendida siquiera intentó controvertir los resultados arribados en dicho análisis". (la negrita es nuestra)

Es más, lo anterior "derivó en que el Juzgado N° 3 del Tribunal Municipal de Faltas de la Municipalidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, le impusiera a la accionada una multa por comercializar alimentos alterados..." (la negrita es nuestra)

Respecto de la graduación de la pena, la vocal recordó que ésta tiene como uno de sus objetivos primordiales "la disuasión y prevención de hechos lesivos similares a los que en estas actuaciones merecen punición.

Bajo tales parámetros y valorando que, como se dijo, ya se impuso una multa como consecuencia de la denuncia administrativa iniciada por el actor y la ausencia de mayores elementos probatorios que permitan acreditar la existencia de una práctica sistemática por parte de “Coto”, estimo prudente confirmar la indemnización reconocida en la anterior instancia, ya que afortunadamente el producto en cuestión no fue consumido por la familia." (la negrita es nuestra)

Siendo compartido este criterio, se resolvió confirmar la sentencia dictada en todas sus partes, con costas a cargo de la demandada.

Dr. Jorge Oscar Rossi

 

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, 3° edición, de Ediciones D&D, año 2016

 
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DESCARGUE EL FALLO COMPLETO (FUENTE: www.cij.gov.ar)

 
 
 
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