BLOGS DE INSTITUTOS
    Instituto de Internacional Privado  
    Instituto de Niñez y Adolescencia  
    Instituto Virtual Derecho Penal y Politica Criminal  
    Instituto de Derecho Procesal Penal  
    Comisión de Discapacidad  
    Comisión de Cuestiones Penitenciarias  
    Instituto de Derecho Administrativo  
    Instituto de Derecho Informático  
    Instituto de Derecho Procesal Civil  
    Instituto de Investigación  
 
LINKS DE INTERES
 
 
 
 
 
 
 
 
11/07/2016
Aumento del gas: La audiencia pública no es una mera formalidad
Publicamos el fallo por el que la Cámara Federal de La Plata resolvió acumular todas las acciones colectivas donde se reclamaba por el nuevo cuadro tarifario del gas natural, declarar la nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y retrotraer la situación tarifaria a la existente previamente al dictado de ambas. Uno de los principales argumentos del Tribunal fue que las mencionadas resoluciones se dictaron sin previa audiencia pública. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
 

Así lo resolvió la Sala II, en los autos  “CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD Y OTROS c/ MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA s/ Amparo colectivo”.

El amparo fue promovido por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), quien peticionó que en forma urgente se garantice el derecho constitucional a la participación de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional y, cautelarmente, se ordene suspender la aplicación del nuevo cuadro tarifario previsto por la Resolución MINEM 28/2016, hasta tanto se haya dado efectiva participación a la ciudadanía.

Solicita que se certifique la acción como colectiva y que se designe al CEPIS como “adecuado representante” de los intereses del grupo afectado.

Fundamenta la competencia en la Justicia Federal, en tanto la norma que se cuestiona se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y, en cuanto a la competencia territorial, entiende que el efecto concreto que la normativa tiene y el lugar donde se encuentra asentada la Asociación Civil habilitan la interposición de la demanda en la jurisdicción de la Ciudad de La Plata (art. 4 de la Ley 16.986).

Con relación a los hechos, manifiesta que el 28 de marzo del corriente año el Ministerio de Energía y Minería de la Nación publicó la Resolución MINEM 28/2016, mediante la cual dispuso la implementación de un nuevo cuadro tarifario aplicable a los usuarios del servicio público de gas en el territorio argentino.

Sostiene que la entrada en vigencia de esta resolución sin que previamente mediare participación ciudadana se traduce en una manifiesta lesión a derechos de incidencia colectiva de carácter individual homogéneo, en los términos del art. 42 CN y Resolución 2756/02 del ENARGAS.

Posteriormente desarrolla el encuadre jurídico, argumentando que desde la incorporación de los derechos de “tercera generación” la Constitución Nacional asegura la participación ciudadana y que la magistratura ha conceptuado a las audiencias públicas como uno de los mecanismos más idóneos para garantizar este derecho.

 Afirma que, como mínimo, el art. 42 de la Constitución Nacional asegura al usuario de un servicio público el derecho a participar y ofrecer sus objeciones a cualquier modificación tarifaria susceptible de generarle un perjuicio, ya sea personalmente o a través de las asociaciones constituidas a tales fines y que, por lo tanto, la audiencia pública se presenta como una de las posibles vías a través de las cuales se puede canalizar el derecho constitucional a la participación ciudadana.

Destaca que el Decreto 1738/1992 –reglamentario de la Ley 24.076– expresamente incorpora la posibilidad de celebrar audiencias públicas, al ordenar que “…La sanción de normas generales será precedida por la publicidad del proyecto o de sus pautas básicas y por la concesión de un plazo a los interesados para presentar observaciones por escrito.

Excepcionalmente podrá recurrirse al procedimiento de audiencia pública a este efecto cuando la repercusión pública del tema así lo justifique…” (Conf. Apartado XI acápite 10).

Posteriormente se presenta el Sr. Carlos Mario Aloisi solicitando que se lo incorpore como legitimado activo, adhiriendo a los postulados del escrito de demanda por cuanto resulta afectado en sus derechos constitucionales a la participación ciudadana (conf. art 42 CN).

El juez a quo tiene al CEPIS y al Sr. Aloisi por presentados, entiende que se trata de una pretensión dirigida a proteger derechos individuales homogéneos, explica que teniendo presente el principio “pro actione” corresponde reconocer idoneidad a los accionantes, ordena que se de publicidad en el Centro de Información Judicial y se inscriba en el Registro Público de Procesos Colectivos, rechaza la medida cautelar solicitada y requiere al Estado Nacional el informe que prescribe el art. 8 de la Ley 16.986.

A continuación, se presenta el presidente de Consumidores Argentinos y en virtud de la legitimación colectiva para representar a los consumidores afectados, solicita que se lo considere litisconsorte de la parte actora, a fin de ratificar la solicitud de suspensión del nuevo cuadro tarifario previsto por la Resolución 28/16 del Ministerio de Energía hasta tanto se haya dado efectiva participación a la ciudadanía por medio de audiencias públicas; ampliar la solicitud de suspensión a las Resoluciones del ENARGAS que contienen los cuadros tarifarios específicos para todas las zonas del país, hasta tanto se realice la audiencia pública prevista en el art. 46 de la Ley 24.076, y afianzar la solicitud de suspensión de los cuadros tarifarios con alcance a todos los usuarios de la República Argentina, en virtud de la representación colectiva ejercitada.

Por su parte, el a quo tuvo por parte al representante de Consumidores Argentinos y ampliada la demanda.

Luego de la presentación del Estado Nacional, Ministerio de Minería y Energía, en cumplimiento del informe previsto en el art. 8° de la Ley 16.896, el juez de primera instancia dicta sentencia rechazando la acción interpuesta tendiente a obtener la suspensión de las Resoluciones N°28/2016 y 31/2016 y ordenando al Estado Nacional – Ministerio de Energía y Minería– a que, frente al nuevo esquema tarifario –transitorio o definitivo– de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural dispuesto por las resoluciones referidas, convoque a Audiencia Pública, la cual se regiría por el procedimiento reglado por el Decreto PEN 1172/2003 debiendo convocarse para ser realizada en el plazo de veinte (20) días desde que la sentencia adquiera firmeza.

Las partes apelan y, en la Alzada, el vocal preopinante es el Dr. Alvarez quien, luego de una reseña del caso, pasó a ocuparse, como primera cuestión, de la competencia del Tribunal.

Al respecto, destacó que "de las constancias del expediente, en particular de los informes emitidos por el Registro de Procesos Colectivos, surge la existencia de varias acciones que revisten sustancial analogía con la de autos, pero con fecha de inicio posterior al presente proceso", por lo que "cabe señalar que la prelación respecto de las causas que guardan sustancial semejanza con la presente en cuanto a la afectación de derechos de incidencia colectiva de las mismas características que los de autos, corresponde a la presente causa.

Ello es así, por ser la primera en el tiempo en relación con la casi totalidad de expedientes de las mismas características, como por resultar la primera registrada, y en consecuencia, provocar la atracción de las demás, las que deberán ser acumuladas a la presente." (la negrita y el subrayado es nuestro)

Entrando en el fondo de la cuestión y, en referencia a la necesidad de una previa audiencia pública el magistrado recordó que, entre otras normas, "la ley 24.076 regula la actividad de transporte y distribución de gas natural como servicio público nacional y prevé los supuestos en donde debe convocarse a Audiencia Pública. Así, en su articulado se establece que “Los transportistas, distribuidores y consumidores podrán solicitar al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los términos de la habilitación, que consideren necesarias si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas. Recibida la solicitud de modificación, el Ente deberá resolver en el plazo de SESENTA (60) días previa convocatoria a Audiencia Pública que deberá celebrarse dentro de los primeros QUINCE (15) días de la recepción de la citada solicitud.” (art. 46). Incluso dispone que “Cuando el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS considere, como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o denuncias de particulares, que existen motivos para considerar que una tarifa, cargo, clasificación o servicio de un transportista o distribuidor es inadecuada, indebidamente discriminatoria o preferencial, notificará tal circunstancia al transportista o distribuidor y la hará pública convocando a tal efecto a una Audiencia Pública dentro de los primeros QUINCE (15) días.

Celebrada la misma, dictará resolución dentro del plazo indicado en el Artículo 46 de esta Ley.” (art. 47).

Con el objeto de reglamentar los preceptos contenidos en la mencionada ley, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 1738/1992, que prevé en el apartado de Procedimientos y Control Jurisdiccional (Apartado IX acápite 10) que “la sanción de normas generales será precedida por la publicidad del proyecto o de sus pautas básicas y por la concesión de un plazo a los interesados para presentar observaciones por escrito. Excepcionalmente podrá recurrirse al procedimiento de audiencia pública a este efecto cuando la repercusión pública así lo justifique”. (la negrita es nuestra)

En este orden de ideas, "ante la exigencia de participación efectiva de los usuarios y consumidores contenida en las normas legales, reglamentarias y constitucionales, no es posible realizar una interpretación que, de tan mezquina, resulte negatoria. No es una simple exigencia formal consistente en reunir un grupo de representantes de organizaciones al sólo efecto de validar una decisión tomada por la administración. Esto equivale a vaciar de sentido el reconocimiento de estos derechos en el plexo jurídico. Siguiendo a Carbonell, cuando se refiere a los derechos sociales en una visión amplia, los derechos “…obligan, no son buenos deseos o programas políticos, sino simplemente normas jurídicas y que como tales deben ser vistos, analizados y aplicados” (Miguel Carbonell, Neoconstitucionalismo y Derechos Fundamentales, Buenos Aires, Editorial Ad Hoc, 2013, pags. 84 – 85). En esta línea de pensamiento, se puede afirmar que “…no hay derechos legalmente exigibles allí donde no hay deberes legalmente exigibles.” (conf. Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos, Siglo XXI editores, Buenos aires 2011, pág. 64).” (la negrita es nuestra)

"Corresponde inquirirnos si es posible el ajuste tarifario en análisis sin audiencia pública en virtud de ser este de carácter transitorio, tal como aduce el Estado Nacional...", se pregunta el preopinante, tras lo cual responde que "la modificación de los precios que deben abonar los usuarios no pueden ser soslayados en el análisis a realizar. En tal sentido considero que limitar la realización de audiencias públicas para la definición de cuestiones "permanentes", dejando fuera de ellas aspectos de fuerte impacto como es la modificación material de la tarifa que deben abonar los usuarios, implica transformar a todo el sistema de participación consagrado constitucional, convencional y legalmente en una mera formalidad cuya utilidad tiende a disminuir desde la perspectiva de quienes deben pagar el importe de las tarifas." (la negrita es nuestra)

Por otra parte, tampoco es atendible otro argumento esgrimido por el Estado, en tanto que "...no se puede tener por satisfecha la obligación fundamental del Estado, respecto de los usuarios y consumidores, de brindar las herramientas de participación y protección de los derechos constitucionales de incidencia colectiva, a través de audiencias públicas celebradas años atrás..." (la negrita es nuestra)

Por lo anterior, el magistrado propuso “...ordenar al Estado Nacional –Ministerio de Energía y Minería que convoque a una Audiencia Pública en el marco del trámite que precedió a las Resoluciones 28/2016 y 31/2016, a fin de garantizar los derechos de usuarios del servicio público de gas natural y, de esta forma, posibilitar la participación ciudadana consagrada constitucionalmente. En consecuencia las citadas resoluciones devienen nulas por no haber sido precedido su dictado de las audiencias públicas cuyo cumplimiento resulta exigible, lo que así corresponde declarar..." (la negrita es nuestra)

Estos fundamentos fuero compartidos por la Dra. Calitri y por el Dr. Schiffrin, este último con ampliación de fundamentos.

Ahora bien, la parte dispositiva del fallo establece, textualmente, lo siguiente:

“…SE RESUELVE: 1°) Acumular a la presente todas las acciones colectivas que correspondan conforme lo dispuesto por las Acordadas 32/2014 y 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

2°) Modificar la resolución recurrida y, en consecuencia, declarar la nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, retrotrayéndose la situación tarifaria a la existente previamente al dictado de ambas. Costas de las dos instancias a la recurrente vencida (art. 68 del CPCCN).

3°) Remitir copia certificada del presente pronunciamiento a la jueza requirente del fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Regístrese, notifíquese, ofíciese al Sr. Ministro de Energía y Minería de la Nación, y devuélvase.”

Dr. Jorge Oscar Rossi

 

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, 3° Edición, de Ediciones D&D, año 2016

 
Archivos Adjuntos:

DESCARGUE EL FALLO COMPLETO (FUENTE: www.cij.gov.ar)

 
 
 
CAM - Colegio de Abogados de Morón   
 
Bartolomé Mitre 964  •  Morón  •  4629-0404 •  info@camoron.org.ar