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09/05/2016
Honorarios y nuevo Código: Una favorable diferencia en relación al Código derogado
En un incidente de aumento de cuota alimentaria, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Morón dispuso la aplicación del art. 1255 del Código Civil y Comercial, a efectos de regular los honorarios del letrado de la actora. Si bien, por aplicación de las normas arancelarias, el monto de los honorarios arrojaría, como máximo, la suma de $ 1800, el Tribunal consideró que esta suma “para nada se condice con la naturaleza alimentaria” de los honorarios profesionales, “con el hecho de haber trabajado en este proceso por casi tres años y con la justa retribución de la que nos habla…el art. 14bis de la Constitución Nacional”. Por ello, aplicando el citado art. 1255, que permite al juez, en ciertos casos, fijar equitativamente la retribución, determinó los honorarios de primera instancia en $4.000 y los de Alzada en $800. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
 

Así lo dispuso la Sala Segunda el pasado 28 de abril, en los autos "U. M. A. C/ F. E. M. S/ INCIDENTE DE APELACION".

La titular del Juzgado de Familia nro. 4 Departamental admitió  el incidente de aumento de cuota alimentaria, disponiendo el aumento de la cuota establecida a favor de la niña en el 20% de los ingresos que percibe el demandado en la empresa "Expreso Brio S.R.L.", suma que se depositará en la cuenta que se abrirá en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, establece que el aumento de la cuota tendrá efecto retroactivo al día 4 de abril de 2014. Finalmente, impone las costas al alimentante y regula los honorarios del Dr. E. B.

La actora interpone recurso de apelación. Entre otros agravios, entiende que los honorarios establecidos resultan reducidos, debiendo ser adecuados al nuevo porcentaje de los haberes del demandado.

En la Alzada, el vocal preopinante es el Dr. Jordá quien, al ocuparse de este agravio en particular, destacó que habiéndose modificado el monto de la cuota alimentaria,” (se la elevó del 20% al 30% de los ingresos mensuales del demandado) ”no corresponde su tratamiento pero sí su regulación en esta instancia, conforme art. 274 del C.P.C.C.” (la negrita es nuestra)

Al respecto, “para regularle sus honorarios deberíamos operar en base a lo dispuesto por los arts. 274 del C.P.C.C. y 14, 15, 16, 21, 22, 39, 47 y ccdtes. Del Dec. Ley 8904/77.-

La aplicación de tal normativa arrojaría, como máximo,la suma de $ 1800.”

Ante este resultado, el preopinante señaló que “existen ciertas circunstancias que el Tribunal no puede dejar de resaltar y tener en cuenta: a) el letrado lleva trabajando en el presente expediente casi tres años; b) ello generó un trascendente cúmulo de actividad procesal, multiplicidad de labores, prueba incluida; c) triunfó la postura de su parte y obtuvo el aumento de la cuota respectiva.” (la negrita es nuestra)

Por ello, “la retribución de las labores llevadas a cabo en autos con la suma de $1800 para nada se condice con la naturaleza alimentaria de dicha suma (esta Sala en causa nro. 45.243 R.S. 534/01; entre otras), con el hecho de haber trabajado en este proceso por casi tres años y con la justa retribución de la que nos habla -como pauta rectora y norte interpretativo- el art. 14bis de la Constitución Nacional.” (la negrita es nuestra)

Para el camarista, la solución al problema se encuentra en el Código Civil y Comercial:

“El art. 1627 del Código Civil derogado establecía que:

"Las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios, sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales. Cuando el precio por los servicios prestados deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del servicio, los jueces deberán reducir equitativamente ese precio, por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida".-

Mientras tanto, el art. 1255 del CCyCN determina que:

"El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios.

Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución".”

De la comparación entre ambos textos surge que mientras la primer norma solo actuaba como válvula de escape para reducir regulaciones de honorarios irrazonables, la nueva norma ahora es mucho mas amplia: ya no nos habla solo de reducciones, sino de una fijación equitativa de la retribución.-

De este modo, la desproporción puede ser en mas (o sea que el monto de la ley arancelaria sea irrazonable –por excesivo-) pero también en menos.” (la negrita es del original, el subrayado es nuestro)

Entiende el magistrado que “es una novedad que se inserta en la nueva normativa y que, a mi juicio, nos permite operar con cierto margen de amplitud en casos -como el presente- cuando el resultado al que se llegue sea manifiestamente irrazonable o desproporcionado, respetando -de este modo- el carácter alimentario de los honorarios, la dignidad profesional, la justa retribución e incluso adoptando una postura que favorezca la actuación profesional (eficiente e idónea) aún para las causas de limitada cuantía económica.-

Ello mas aun en tiempos de cierta inestabilidad económica, con la pérdida (progresiva y constante) del poder adquisitivo del dinero, lo que obliga -al momento de fijar las retribuciones- a afinar el estudio del tema e ir en procura de la solución que mejor se ajuste a los standards anteriormente referenciados.” (la negrita es nuestra)

Por lo tanto, y siendo compartido este criterio, “por las labores en primera instancia, SE REGULAN los honorarios del Dr. R. G. E. B. en la suma de pesos cuatro mil ($4.000), con más la adición legal; y por las de Alzada en la suma de pesos ochocientos ($800)”.

Dr. Jorge Oscar Rossi

 

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009

 
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DESCARGUE EL FALLO COMPLETO (FUENTE: www.scba.gov.ar)

 
 
 
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