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14/03/2016
Inembargabilidad de la vivienda única: ¿Convencionalidad versus constitucionalidad?
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata confirmó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432, que establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable. El voto mayoritario consideró que “la ley 14.432 –al margen del esfuerzo de los legisladores locales por concretar los alcances de la “protección a la vivienda” reconocidos en tratados de rango constitucional- es inconstitucional por haber emanado de un órgano no habilitado por el derecho interno para dictarla. Lo mismo correspondería decir, por ejemplo, si la encomiable disposición (en plena concordancia con el contenido de los tratados) surgiera de un Decreto del Poder Ejecutivo, en franca violación a la función administrativa que le es propia…”. En cambio, el voto en disidencia destacó que “la validez de la norma en crisis deberá juzgarse indefectiblemente bajo el prisma de un estricto control no sólo de constitucionalidad sino, y por sobre todo, de convencionalidad”, es decir, “el procedimiento de comparación entre los tratados internacionales a los que se ha plegado la nación y sus normas internas…”. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
 

Así lo resolvió la Sala Tercera, en los autos "CITIBANK N.A. C/ BOZZOLO, PEDRO JOSE S/EJECUCION HIPOTECARIA"

En primera instancia se resolvió declarar la inconstitucionalidad de la ley N° 14.432.

Para así decidir, consideró, tomando en cuenta lo decidido por la C.S.J.N. en la causa “Banco de Suquia S.A. c/ Tomassini, Juan Carlos”, que la ley 14.432 invadió las facultades expresamente delegadas al Congreso Nacional por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, al no tratarse de una norma de seguridad social sino de fondo o de derecho común, a la par de encontrarse la cuestión regulada por la ley 14.394 de bien de familia.

Cabe destacar que la ley provincial 14.432 establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular (art. 2), siempre que constituya el único inmueble del titular destinado a vivienda y de ocupación permanente, y que guarde relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar, si existiere, (art. 3). Esta condición de inmueble “inembargable e inejecutable” no será oponible respecto de deudas originadas en:

a) Obligaciones alimentarias.

b) El precio de compra-venta, construcción y/o mejoras de la vivienda.

c) Impuestos, tasas, contribuciones, expensas que graven directamente la vivienda.

d) Obligaciones con garantía real sobre el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos de la adquisición, construcción o mejoras de la vivienda única. (art. 5).

Dicho pronunciamiento es apelado por el ejecutado.

En la Alzada, la vocal preopinante es la Dra. Zampini. Para esta magistrada, “la validez de la norma en crisis deberá juzgarse indefectiblemente bajo el prisma de un estricto control no sólo de constitucionalidad sino, y por sobre todo, de convencionalidad”, es decir, “el procedimiento de comparación entre los tratados internacionales a los que se ha plegado la nación y sus normas internas…” (la negrita es nuestra)

En cuanto “a los principios rectores que inexorablemente deberá tener presente el juzgador al realizar el control de convencionalidad, recuerdo que éstos son el denominado “pro homine” y el de “progresidad”, en tanto ambos son las piedras angulares del sistema de protección de derechos reconocidos en los tratados internacionales (argto. doct. Alberto J. Lucchetti “Los jueces y algunos caminos del control de convencionalidad” publicado en obra comunitaria coordinada por Susana Albanese “El control de convencionalidad”, Ed. EDIAR, 1era. edición, Bs. As., 2008, pág. 148).

La importancia de tales principios reside en que mientras el principio “pro homine” conmina a efectuar una interpretación de las normas contenidas en los tratados internacionales del modo más beneficioso al ser humano, el principio de “progresividad” implica el compromiso de los estados partes de adoptar medidas progresivas de protección de los derechos reconocidos convencionalmente, a la par de impedir el dictado de medidas o políticas regresivas, es decir, que empeoren la situación de los beneficiarios de tales derechos…” (el subrayado es nuestro)

Por otro lado, para la Dra. Zampini, no existe obstáculo legal que impida que las provincias dicten normas de protección de la vivienda familiar.”

“Ello así, en el entendimiento que hace a la esencia del paradigma de la supremacía convencional que el derecho común deba actuar como desarrollador y custodio de los derechos humanos y, por lo tanto, la potestad del estado federal para el dictado de normas que atiendan tales fines no es única ni excluyente sino que configura un piso mínimo homogeneizador que puede ser ampliado por los ordenamientos locales (argto. doct. Andrés Gil Domínguez “Supremacía convencional, inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda adecuada y derecho común: una mirada distinta”, publicado en La Ley del 18-02-2014).” (la negrita es nuestra)

En conclusión, “teniendo en vista que los postulados y fines emergentes de la ley 14.432 resultan en un todo consonantes con lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales nuestro país es parte, a la par, de haber sido dictada por la Provincia de Bs. As. dentro de sus atribuciones convencionales y, siendo analizada la cuestión desde la hermenéutica de la “interpretación conforme” –cuyo objeto es compatibilizar las normas internas con las convencionales-, considero que la ley N° 14.432 se ajusta a los parámetros constitucional y convencionalmente requeridos para su validez (art. 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 36 inc. 7) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 11 pto. 1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; argto. doct. Juan Carlos Hitters “Control de convencionalidad (adelantos y retrocesos)”, publicado en La Ley del 11-03-2015).

Por los fundamentos dados considero que debe hacerse lugar al recurso interpuesto y revocarse, en consecuencia, la sentencia recurrida debiendo el a quo adoptar las medidas pertinentes para el cumplimiento en el presente caso del régimen de inembargabilidad e inejecutabilidad previsto en la ley 14.432.” (la negrita es nuestra)

Sin embargo, el voto que hizo mayoría fue el del segundo vocal, Dr. Gérez, a quien adhirió el tercer integrante del Tribunal, Dr. Rosales Cuello.

Para el Dr. Gérez, “la cuestión traída a revisión se ciñe a determinar si ha sido correcta la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de origen.”

Al respecto, “los argumentos dados por el juez de grado…podrían resumirse en dos pilares independientes: a) el primero se apoya en la calificación de la materia tratada en la ley provincial Nº 14.432 como norma de derecho “común” y, por consiguiente, delegada al Congreso de la Nación, con cita expresa del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional; b) por ya encontrarse regulada la cuestión en la ley de “Bien de Familia” (ley nacional 14.394). (la negrita es nuestra)

En ese sentido, “…la calificación como “materia de derecho común” (por oposición a las que se denominan como normas de derecho local o procesal), está fuera de toda discusión.

Las disposiciones normativas contenidas en la mencionada ley traslucen una restricción sobre el “patrimonio como prenda común de los acreedores”, excluyendo de toda posibilidad de agresión a la vivienda única del deudor, por lo que es indudable que ello constituye una norma de derecho “común”, en tanto versa sobre la responsabilidad patrimonial del deudor. Visto así, su naturaleza “obligacional” la coloca en el rango de las normas cuyo dictado compete al Congreso de la Nación, cuya exclusividad ha sido reiteradamente sostenida por el Máximo Tribunal de la Nación en su calidad de último intérprete de la Carta Magna…” (la negrita es nuestra)

Según este camarista, si bien es cierto, tal como lo sostiene la preopinante, “que a la luz de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, el Congreso Nacional debería efectuar una adecuación de las normas internas que amplíen la “protección de la vivienda”, otorgándole un alcance pleno como lo propone la ley 14.432, también lo es que la inacción del poder legislativo nacional no habilita la arrogación de dichas prerrogativas por parte de las legislaturas provinciales.” (la negrita es nuestra)

En definitiva, “la inconstitucionalidad de la ley 14.432 –al margen del esfuerzo de los legisladores locales por concretar los alcances de la “protección a la vivienda” reconocidos en tratados de rango constitucional- es inconstitucional por haber emanado de un órgano no habilitado por el derecho interno para dictarla. Lo mismo correspondería decir, por ejemplo, si la encomiable disposición (en plena concordancia con el contenido de los tratados) surgiera de un Decreto del Poder Ejecutivo, en franca violación a la función administrativa que le es propia, o de las situaciones de emergencia, que lo autorizan a emitir normas de carácter general, propias del Congreso (art. 99, inc,. 3, de la Const. Nac.).” (la negrita y el subrayado es nuestro)

En cuanto “al segundo pilar argumental expuesto por el juez de grado (ya encontrarse regulado con la ley de Bien de Familia –régimen similar al hoy consagrado por los arts. 244 y ss. del CCyC-), entiendo que constituye materia desplazada, puesto que la inconstitucionalidad referida anteriormente, torna irrelevante cualquier observación al respecto.” (la negrita es nuestra)

Por lo tanto, por mayoría, se decidió rechazar el recurso interpuesto, confirmando, en consecuencia, la sentencia de primera instancia.

NOTA RELACIONADA: La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul confirmó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432, que establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable. El Tribunal recordó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la cual se sostuvo que “lo relativo a las relaciones entre el deudor y el acreedor y a la ejecución de los bienes del deudor constituyen cuestiones propias de la legislación federal, delegadas por las Provincias a la Nación”. La Cámara consideró que la solución no varía con la nueva regulación del tema, que surge de los arts. 244 y siguientes del Código Civil y Comercial, porque “los Estados provinciales pueden ensanchar los derechos individuales (y aún los colectivos)…siempre y cuando no se invada la esfera reservada al Congreso Nacional (art. 75, Constitución Nacional)”.

Dr. Jorge Oscar Rossi

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009

 
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