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07/12/2015
En un desalojo, es el Estado quien tiene que resolver el problema habitacional de los menores
En un juicio de desalojo donde quedó firme el lanzamiento de los ocupantes de un inmueble, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Morón ordenó al Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño que, en el plazo de diez días a contar desde la notificación, procure una solución “concreta, efectiva y respetuosa de la integridad del grupo familiar- a la problemática habitacional de los niños, niñas y adolescentes residentes”, en el mismo. El Tribunal destacó que el Poder Judicial está obligado “a dispensar tutela judicial continua y efectiva…a la actora…como así también a eventuales sujetos vulnerables involucrados (los niños, niñas y adolescentes residentes en el inmueble)” y recalcó que “la parte actora no es garante, ni tampoco responsable, del derecho a la vivienda de los menores; son sus padres (si están en condiciones) y, subsidiariamente, el Estado, quienes deben afrontar tal compleja problemática.” TEXTO COMPLETO DEL FALLO
 

Así lo dispuso la Sala II, en los autos  "C. S. M., C. O. E. Y C. J. C. C/ R. R. O. Y OTROS S/ DESALOJO". 

En primera instancia se hizo lugar a la demanda, condenando a los accionados a desalojar el inmueble de autos dentro de los diez días de quedar firme el decisorio bajo apercibimiento de lanzamiento.

Esta decisión fue apelada por la demandada quien opone la existencia de menores en el inmueble, como argumento para evitar el lanzamiento.

En la Alzada el vocal preopinante fue el Dr. Gallo quien, al respecto, comenzó por recordar que esta Sala se ha señalado que la parte actora que reclama el desahucio no resulta garante ni responsable de la situación habitacional de los menores; en tal sentido, el deber primario es de sus padres y, luego, del Estado (causa nro. 36.894, R.S. 263/14).” (la negrita es nuestra)

Por ello y por no haber planteado el apelante ningún agravio concreto al decisorio de primera instancia, el camarista se pronunció por declarar desierto el recurso.

Ahora bien, lo anterior supone dejar firme la sentencia de grado y, por ello, el futuro lanzamiento, ante lo cual el magistrado destacó que la doctrina ha puesto de manifiesto que en los procesos de desalojo, aunque las personas menores de edad no son parte, su interés en el pleito es indiscutible; y señalando -cita jurisprudencial mediante- que en estos procesos corresponde poner en conocimiento del Ministerio Pupilar la sentencia que ordena el desalojo del inmueble en orden a que se adopten las medidas que se estimen oportunas para garantizar la tutela y defensa de los derechos de los niños a contar con una vivienda acorde a sus necesidades (MOLINA DE JUAN, Mariel, La protección de la vivienda familiar en el derecho nacional y comparado latinoamericano, en AA.VV, Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, FERNANDEZ, Silvia E. (dir),…” (la negrita es nuestra)

En el caso concreto, el camarista reseña que, entre junio de 2011, momento en que ante la existencia de menores en el inmueble, se le confiere vista al Asesor de Incapaces, a febrero de 2015 se realizan una serie de diligencias y audiencias que no arrojan ningún resultado, es decir, ni las partes ni el Estado ofrecieron ninguna solución al problema de la vivienda de los menores.

Desde el punto de vista normativo, luego de mencionar los derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional y Provincial, en la Convención sobre los Derechos del niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el magistrado se detuvo en los preceptos de la ley provincial 13.298: “Su art. 6 establece que "es deber del Estado para con los niños, asegurar CON ABSOLUTA PRIORIDAD la realización de sus derechos sin discriminación alguna" y su art. 7 indica que "la garantía de prioridad a cargo del Estado comprende: Protección y auxilio a la familia y comunidad de origen en el ejercicio de los deberes y derechos con relación a los niños; Asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la promoción y protección de la niñez; Preferencia en la formulación y ejecución de las políticas sociales públicas; Preferencia de atención en los servicios esenciales; Promoción de la formación de redes sociales que contribuyan a optimizar los recursos existentes; Prevalencia en la exigibilidad de su protección jurídica, cuando sus derechos colisionen con intereses de los mayores de edad, o de las personas públicas o privadas". (la negrita es nuestra)

Ante este estado de cosas, el preopinante destaca que estamos obligados a dispensar tutela judicial continua y efectiva (art. 15 Const. Pcial.); a la actora (no olvidemos que el proceso ya lleva más de seis años tramitando) como así también a eventuales sujetos vulnerables involucrados (los niños, niñas y adolescentes residentes en el inmueble); a no olvidarlo, tanto la ausencia de prestación de tutela judicial efectiva (actora) como la desatención a los sujetos vulnerables podrían incluso comprometer la responsabilidad internacional del Estado.-

E, insisto, la parte actora no es garante, ni tampoco responsable, del derecho a la vivienda de los menores; son sus padres (si están en condiciones) y, subsidiariamente, el Estado, quienes deben afrontar tal compleja problemática.” (la negrita es nuestra)

En definitiva, para solucionar el problema, el camarista propone utilizar los poderes-deberes de los arts. 34 y 36 del CPCCBA, interpretados en clave constitucional y convencional; incluso acudimos, por analogía, a la regla del art. 36 inc. 7 de dicho Código: es que si el juez (de todas las instancias) tiene la potestad de actuar de oficio cuando existan fondos inactivos de los menores, mucho más va a tenerla cuando están en juego necesidades básicas insatisfechas; y el no actuar lo que estuviera a nuestro alcance nos colocaría en situación de incumplimiento -análoga a la de los órganos administrativos- con los deberes que me he ocupado de ir detallando.” (la negrita es nuestra)

Consecuentemente, a tenor de todo lo dicho, “ante la gravedad y persistencia del incumplimiento y por aplicación de lo establecido por los arts. 3, 4 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 15 y 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 6, 7, 32, 34 y 35 de la ley 13.928, deberá disponerse que -inmediatamente después de devueltos los obrados a la instancia de origen- se libre oficio -por Secretaria de aquel Juzgado- al Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño Morón, poniendo en conocimiento de su titular que -en el plazo de diez días a contar desde la notificación- deberá procurar una solución -concreta, efectiva y respetuosa de la integridad del grupo familiar- a la problemática habitacional de los niños, niñas y adolescentes residentes en el inmueble de autos; el oficio en cuestión deberá contener todos los datos pertinentes para el abordaje de la problemática, llevar adjunto copia del presente, diligenciarse por Secretaría -en la instancia de origen- y ser recepcionado, personalmente, por el responsable de dicho Servicio, a cuyo cargo quedará informar al Juzgado -inmediatamente y dentro del plazo indicado- cuál ha sido la medida adoptada. Asimismo, y para el caso de incumplimiento, la Sra. Juez de Grado deberá adoptar las medidas necesarias, dirigiéndose a las autoridades competentes en esta temática a los fines de la solución integral de la situación urgente y descripta y de la responsabilidad que le quepa a las instituciones competentes en la materia.-

La presente se comunicará, en forma inmediata de concluido el Acuerdo, al Sr. Asesor de Incapaces actuante a cuyo cargo quedará el contralor de lo actuado en orden al cabal cumplimiento de lo aquí decidido.” (la negrita es nuestra)

Siendo compartido este criterio, se resolvió declarar desierto el recurso de apelación interpuesto y ordenar que el juzgado de primera instancia libre oficio por Secretaria “al Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño Morón, poniendo en conocimiento de su titular que -en el plazo de diez días a contar desde la notificación- deberá procurar una solución -concreta, efectiva y respetuosa de la integridad del grupo familiar- a la problemática habitacional de los niños, niñas y adolescentes residentes en el inmueble de autos”. (la negrita es nuestra)

Asimismo, “y para el caso de incumplimiento, la Sra. Juez de Grado deberá adoptar las medidas necesarias, dirigiéndose a las autoridades competentes en esta temática a los fines de la solución integral de la situación urgente y descripta y de la responsabilidad que le quepa a las instituciones competentes en la materia”.

Dr. Jorge Oscar Rossi

 

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009

 
Archivos Adjuntos:

DESCARGUE EL FALLO COMPLETO (FUENTE: www.infojus.gov.ar)

 
 
 
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