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16/11/2015
El debate recién empieza: Con o sin nuevo Código, solo el legislador nacional dispone cuáles bienes son inembargables
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul confirmó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432, que establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable. El Tribunal recordó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la cual se sostuvo que “lo relativo a las relaciones entre el deudor y el acreedor y a la ejecución de los bienes del deudor constituyen cuestiones propias de la legislación federal, delegadas por las Provincias a la Nación”. La Cámara consideró que la solución no varía con la nueva regulación del tema, que surge de los arts. 244 y siguientes del Código Civil y Comercial, porque “los Estados provinciales pueden ensanchar los derechos individuales (y aún los colectivos)…siempre y cuando no se invada la esfera reservada al Congreso Nacional (art. 75, Constitución Nacional)”.TEXTO COMPLETO DEL FALLO
 

Así lo resolvió la Sala I, en los autos "RODRIGUEZ, JORGE A. C/ PALEO, ELDA Y/O OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS".

En los autos conexos caratulados “Rodríguez Jorge A. c/ Paleo Elda y/u otro s/ incidente de medidas cautelares”, con fecha 06.03.03 se ordenó un embargo sobre un inmueble de uno de los codemandados, Ernesto Rubén Minaberrigaray,  para asegurar el crédito fijado por sentencia en el presente juicio por daños y perjuicios.

Con posterioridad, el coejecutado Ernesto Rubén Minaberrigaray promovió un incidente de levantamiento de embargo y exclusión de ejecución. Expuso el peticionante que ocupa el inmueble con su grupo familiar (cónyuge y madre) en carácter de vivienda única y de ocupación permanente y que ésta guarda relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar. Prestó declaración jurada respecto de que no renunció a la garantía de inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda. Ofreció prueba y fundó su petición en los arts. 175 y ss. del CPCC y en los arts.1 a 9 de la ley provincial 14.432.

Cabe destacar que la ley provincial 14.432 establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular (art. 2), siempre que constituya el único inmueble del titular destinado a vivienda y de ocupación permanente, y que guarde relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar, si existiere, (art. 3). Esta condición de inmueble “inembargable e inejecutable” no será oponible respecto de deudas originadas en:

a) Obligaciones alimentarias.

b) El precio de compra-venta, construcción y/o mejoras de la vivienda.

c) Impuestos, tasas, contribuciones, expensas que graven directamente la vivienda.

d) Obligaciones con garantía real sobre el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos de la adquisición, construcción o mejoras de la vivienda única. (art. 5).

En primera instancia se rechazó la petición, declarándose la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432 ya que no se podía dejar de considerar el criterio sustentado por el Superior Tribunal Nacional en casos análogos.

Para así resolver, señaló el magistrado que compartía lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Banco de Suquía S.A…”, en el cual se declaró la inconstitucionalidad del art. 58 in fine de la Constitución de la Provincia de Córdoba y de su ley reglamentaria n° 8067 que abordan una temática similar a la ley 14.432, y en el que se analizaron argumentos análogos a los expresados en el sub lite; es decir si tales normas invaden las facultades expresamente delegadas al Congreso Nacional por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, toda vez que resultan ser normas de fondo o de derecho común y que tratan una cuestión que se encuentra regulada por la ley 14.394. Por ello, dado que el instituto del bien de familia se encuentra regulado por la ley nacional 14.394 y ya la Corte Nacional ha declarado la inconstitucionalidad de una norma similar, procedió del modo indicado y rechazó, con costas al demandado, el incidente de inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble.

Contra ese pronunciamiento el codemandado interpuso recurso de apelación.

En la Alzada, la vocal preopinante fue la Dra. Comparato, quien aplicó al caso las disposiciones del Código Civil y Comercial, por considerar que, el sistema establecido en el art. 7 del CCC “implica que la nueva ley toma la relación o situación en el estado en que se encontraba al tiempo de ser sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo que se desarrollaron.”

Por lo tanto, “no puede desconocerse que la resistencia incoada por el apelado y los fundamentos explicitados en la sentencia por el anterior magistrado se encuentran, a nivel nacional, hoy receptados por las disposiciones de los artículos 244 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación; normas de las que, en virtud de la regla antedicha del art. 7 de mismo cuerpo, no pueden prescindirse…” (la negrita es nuestra)

 

EL TEMA EN EL CCC

La ley 26.994, que aprobó el Código Civil y Comercial, también derogó, entre otras normas, a la ley 14394, que establece el régimen de bien de familia.

En su lugar, el tema se regula en los arts. 244 a 256 del CCC.

El citado art. 244, primero del Capítulo 3. denominado “Vivienda”, perteneciente al Título III (Bienes), del LIBRO PRIMERO. PARTE GENERAL, establece que:

Afectación. Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo, un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales.

La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley nacional del registro inmobiliario.

No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer término.

Por nuestra parte, en oportunidad de comentar el fallo “GOÑI, HUGO HORACIO C/ CORIA, SERGIO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, 23/09/14) nos permitimos resaltar la oración “Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales”, para destacar un futuro conflicto interpretativo: En efecto, esas “otras disposiciones legales” ¿son solo leyes nacionales o pueden ser también provinciales?

En este último supuesto,  ¿el legislador nacional, al que había sido delegada esta facultad por las provincias ahora decide compartirla?

Entendíamos, en esa ocasión, que las competencias que la Constitución Nacional atribuyen al Congreso Nacional en forma exclusiva no pueden ser compartidas por este con las provincias, porque lo contrario implica una modificación del sistema federal establecido en nuestra Carta Magna.

Este tema será tratado por la preopinante, en el presente fallo en análisis.

Por empezar, la magistrada señala que si bien el apelante pretende – sin brindar argumentos a tal fin- que la ley provincial 14.432 debe armonizarse con las perrogativas del Congreso Nacional para abordar una materia de derecho común que le ha sido delegada por las provincias, es indudable que los dos regímenes coexisten y tutelan con diverso alcance a la vivienda; y ciertamente, el régimen provincial de tutela “automática” resulta ser más protector que aquel dispuesto en el orden federal.

Repárese que el artículo 2 de la ley provincial prescribe que “todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable” y con ello establece un claro apartamiento del régimen nacional que requiere la inscripción “expresa” por parte del interesado en el Registro de Propiedad respectivo para su oponibilidad a terceros (art. 35 de la derogada ley 14.394; art. 244 CCyC). Ello conlleva, por lo menos, a que el operador jurídico deba determinar si el Estado federal puede o no establecer sobre tal tópico un sistema voluntario, y si en su caso, ello obsta a que sobre el particular las provincias legislen “progresivamente”. (la negrita es nuestra)

 En ese sentido, “en distintos ámbitos se ha dicho que la norma provincial plasma sin duda un ejemplo de la progresividad de los Derechos Humanos. Concretamente el decreto provincial 547 reglamentario de la ley 14.432 reseñó las normas supralegales que protegen el derecho a la vivienda digna, mencionando que el proceso de constitucionalismo “ha sido profundizado, consolidado y expandido en el año 1994 con la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el bloque constitucional federal (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22). Que en consecuencia, la protección del derecho a la vivienda digna, reconoce su fuente en los artículos 14 bis y 75 inciso 22) de la Constitución Nacional (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11: 1; Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25 inciso 1); Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (artículo 5); Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 3º); Convención de los Derechos del Niño (artículo 27, inciso 3); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26); y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la cual en su artículo 36 inciso 7), garantiza el derecho a la vivienda en el marco de la protección integral de la familia” (la negrita es nuestra)

 Ahora bien, por otro lado, la vocal recuerda que “desde sus primeros pronunciamientos la Corte Suprema de la Nación Argentina ha resuelto que las relaciones entre acreedor y deudor sólo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación, en virtud de la delegación contenida en el art. 75 inc. 12 (antiguo 67, inc. 11) de la Constitución Nacional (Fallos: 322:1050, considerando 7° y sus citas). Y ello alcanza –obviamente- a la forma y modalidades propias de la ejecución de los bienes del deudor (Fallos:271:140, último considerando). Más aún, cuando el máximo tribunal nacional examinó leyes que excluían del embargo a ciertos bienes (por razones que calificó “de humanidad”), consideró que las normas dictadas por el Congreso Nacional constituían, por la materia que regulaban y por el hecho de haberlas sancionado aquél, preceptos de fondo, o sustantivos, destinados a regir las relaciones entre acreedor y deudor y, por consiguiente, normas generales del derecho civil establecidas en virtud del poder conferido por el artículo constitucional 75 inc. 11 (Fallos 138:240,244,245).” (la negrita es nuestra)

 Sin embargo, destacó “otras voces han declarado –recientemente- la constitucionalidad de la ley provincial en cuestión.”

 En tal sentido, “la Sala II de la Cámara de La Plata, en la causa “H.M c/ G.M.A s/ Cobro ejecutivo de alquileres”, con primer voto de la Dra. Patricia Bermejo, confirmó un pronunciamiento que suspendía la subasta ordenada en un juicio ejecutivo con fundamento en lo normado por la ley 14.432. Para así decidir los distinguidos camaristas consideraron que la disposición provincial resultaba “convencional” porque particularmente importaba una progresividad de los derecho humanos y consolidaba que las prerrogativas del legislador nacional no inhabilitan a las provincias a legislar ni a interpretar restrictivamente esta posibilidad; máxime, cuando precisamente el sentido del nuevo Código sustancial es ampliar las garantías en consonancia con las que emanan de la Carta Magna Federal y los Tratados Internacionales. Sobre el particular, allí se destacó que “conforme regula el nuevo artículo 242 del CCCN, si bien el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores y sus bienes quedan afectados al cumplimiento de sus obligaciones, algunos de ellos, son excluidos legalmente de esta responsabilidad, resultando inembargables, los que tiene lugar en consideración a razones de orden público, entendido éste como el conjunto de principios de orden moral, ético, político y económico. Este es el sentido que sostiene la mayor protección de los derechos, en este caso, el derecho a una vivienda”. (la negrita es nuestra)

Para la Dra. Comparato, si bien se comparte plenamente la tesis de que el espíritu de los tratados y declaraciones mencionados en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional deben expandirse por todo el ordenamiento jurídico y no solo por medio de la legislación pueden hacerse cumplir el tema amerita ciertas precisiones. Como lo advirtió Emilio Ibarlucía en su trabajo “El debate constitucional acerca de la inembargabilidad de la vivienda única”, los Estados provinciales pueden ensanchar los derechos individuales (y aún los colectivos) frente a sí mismos, siempre y cuando no se invada la esfera reservada al Congreso Nacional (art. 75, Constitución Nacional). Asimismo las constituciones locales pueden obligar a las provincias pero no pueden crear obligaciones a los ciudadanos fuera de las contempladas por las normas dictadas por el órgano federal competente. Puede, entonces, una Constitución local comprometer a la provincia a cumplir determinadas prestaciones en materia de salud o educación, y también puede consagrar a nivel de norma superior el derecho a la excarcelación, el principio “in dubio pro reo”, o el derecho a la reparación por error judicial, como tantas constituciones provinciales lo hacen, porque ninguna de ellas implica obligaciones o pérdidas de derechos para otros ciudadanos. Tan es así que es perfectamente válido que un código procesal penal provincial (o hasta una constitución local) contemple, por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba (“probation”), pero nunca podría establecer la pérdida consiguiente de los derechos indemnizatorios de las víctimas de los delitos investigados, ni efecto alguno de tal decisión procesal en la órbita civil. Con la inembargabilidad de la “vivienda única” ocurre exactamente lo mismo (Ibarlucía Emilio A.; artículo citado, pub. en LLC 2002, 1391; LL2003-B, 244; con cita de Hidalgo, Enrique (h), “Comentario de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”, Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 23).

La competencia de las provincias para ampliar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional -concluye el citado autor al desarrollar tan opinable tema- se limita a las obligaciones que como Estados locales asuman frente a sus habitantes, pero no pueden crear obligaciones de los particulares respecto de ellos, y no otra cosa es la prohibición a los acreedores de cobrarse sobre determinados bienes de los deudores.” (la negrita y el subrayado es nuestro)

Siendo compartido este criterio, se resolvió rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada y consecuentemente confirmar la sentencia apelada que declaró, en el caso, la inconstitucionalidad de la ley 14.432 y denegó la inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble embargado; con costas al vencido.

 

Dr. Jorge Oscar Rossi

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009

 

NOTA RELACIONADA: La Cámara Civil y Comercial de La Plata confirmó la sentencia que dispuso la suspensión de la subasta de un inmueble, con fundamento en la ley 14.432, según la cual todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular. Ante el planteo de inconstitucionalidad de dicha norma, el Tribunal se apartó de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para hacerlo, entre otros fundamentos, aplicó el art. 244 del Código Civil y Comercial, por considerar que de este artículo se desprende que las provincias pueden establecer regímenes de inejecutabilidad de viviendas aún más favorables que los que dispone la normativa nacional, pues “el sentido del nuevo Código sustancial es ampliar las garantías, en consonancia con las que emanan de la Carta Magna federal y los Tratados Internacionales.”

 
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