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19/10/2015
Deber de información y consejo: Ese seguro no le servía al asegurado
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata confirmó la sentencia que condenó a la aseguradora a indemnizar al asegurado por el daño material y moral derivado del incumplimiento del contrato. El Tribunal coincidió con el juez de primera instancia, quien encuadró al contrato de seguro como un contrato de consumo y destacó que la aseguradora aseguró el vehículo sabiendo que el asegurado/ usuario tenía en su poder únicamente una autorización judicial para circular, un formulario 01, y la factura de compra cedida ante escribano, y “después de cobrar puntualmente la prima, rechazó la cobertura del siniestro por robo del automotor en razón de que el asegurado no resultaba propietario del automotor”. Además, la Alzada señaló que “en el caso de los contratos de consumo, la información debe incluir el deber de consejo, entendido como asistencia brindada por el experto “poniendo en guardia” o “llamando la atención del cocontratante” sobre un aspecto negativo del contrato”. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
 

Así lo resolvió la Sala Segunda, en los AUTOS “PANASCI, ARIEL EDUARDO C. LA MERCANTIL ANDINA S.A. S. DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO”.

En la sentencia de primera instancia se hizo lugar a la demanda, condenándose a la aseguradora a pagar al actor la suma de $ 37.000 con más intereses a tasa pasiva, impuso las costas a la vencida y difirió la regulación de los honorarios profesionales.

Para decidir de tal modo, el juez consideró que el contrato de seguro es un contrato de consumo, en el cual la aseguradora es la proveedora de servicios profesionales que debió informar adecuadamente al actor y no lo hizo, en tanto la demandada aseguró el vehículo sabiendo que el asegurado/ usuario tenía en su poder únicamente una autorización judicial para circular, un formulario 01, y la factura de compra cedida ante escribano, y después de cobrar puntualmente la prima, rechazó la cobertura del siniestro por robo del automotor en razón de que el asegurado no resultaba propietario del automotor, y por lo tanto carecía de interés ya que “no había sufrido daño alguno”, a la par de poner de resalto el incumplimiento de las cargas del asegurado consistentes en transmitir todos los derechos a la aseguradora, acompañar constancia de titularidad y dar tributariamente de baja el vehículo.

Señala el juez en su sentencia, que si la aseguradora fue displicente al momento de asegurar el vehículo, y nada dijo mientras percibía las cuotas de la prima, mal puede ponerse rigurosa al momento del siniestro, contradiciendo sus actos anteriores jurídicamente relevantes, pues no se sabe en qué consistía entonces la cobertura por la que estuvo cobrando, si no había interés asegurable desde el comienzo del contrato.

En función de este razonamiento, consideró que la cláusula contractual en cuestión debe tenerse por no escrita, y admitió la demanda fijando una suma por reposición del auto ($ 29.000), por privación de uso ($ 3.000), y daño moral ($ 5.000), rechazando los gastos de registración de un nuevo vehículo y el daño punitivo.

Apelaron las partes y, en la Alzada el vocal preopinante fue el Dr. Loustaunau, quien comenzó destacando que la caracterización del seguro como contrato de consumo, dentro de las previsiones de los artículos de la ley 24.240, fue puesta en duda tiempo atrás, y actualmente se encuentra admitida por la generalidad de la doctrina y jurisprudencia.” (la negrita es nuestra)

Siguiendo esa línea, el camarista señala que “los efectos que la aplicación de la ley de defensa del consumidor provoca son, entre otros, los siguientes: a) la interpretación del contrato no solo habrá de estar regida por las normas generales relativas a la buena fe, o la interpretación contra el predisponente, sino por las específicas del contrato de seguro como lo es la aplicación del art.158 de la ley 17.418, ya que sobre la literalidad habrá de estarse actualmente a lodispuesto por el art.1062 CCyC; b) las cargas impuestas al asegurado, como las exclusiones de cobertura deben ser razonables; c) rige el favor consumidor en cuanto a la selección de la norma aplicable (art.3 ley 24.240) y la interpretación del contrato (art.37 LDC), el deber de información (art.4 LDC, arts. 924, 925, 931, 933 del Cód. Civil; art. 1100 del NCCyC) en las distintas etapas del contrato, las normas sobre cláusulas abusivas cuya aprobación por parte del organismo de control no las eleva al plano legislativo, y se encuentran sometidas al control judicial (“SCMdza Rojas c.Huarpe” DJ 1989-2 , 384;, art. 1122 CCyC), la posibilidad de aplicar daños punitivos (Compani,ob. y páginas cit.) etc.” (la negrita y el subrayado es nuestro)

LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL (CCC)

Por nuestra parte, añadimos que, a diferencia de los Códigos Civil y Comercial, el CCC dedica un capítulo completo a la interpretación de los contratos.

En él, el CCC incorpora una serie de pautas de interpretación para casos específicos, a la manera en que lo hace el Código de Comercio derogado en los arts. 217 a 220.

Veamos una de esas pautas, mencionada por el camarista en la sentencia en análisis:

LA INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA EN EL CCC Y EL ART. 158 DE LA LEY DE SEGUROS (LS)

ARTICULO 1062 CCC.- Interpretación restrictiva. Cuando por disposición legal o convencional se establece expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. Este artículo no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos por adhesión y en los de consumo, respectivamente.

Art. 158 LS. Además de las normas que por su letra o naturaleza son total o parcialmente inmodificables, no se podrán variar por acuerdo de partes los artículos 5, 8, 9, 34 y 38 y sólo se podrán modificar en favor del asegurado los artículos 6, 7, 12, 15, 18 (segundo párrafo), 19, 29, 36, 37, 46, 49, 51, 52, 82, 108, 110, 114, 116, 130, 132, 135 y 140.

Cuando las disposiciones de las pólizas se aparten de las normas legales derogables, no podrán formar parte de las condiciones generales. No se incluyen los supuestos en que la ley prevé la derogación por pacto en contrario

 

Este tipo de interpretación, de carácter excepcional, es aplicable a cualquiera de las partes en los contratos paritarios. En cambio,  en los celebrados por adhesión y de consumo, solo es aplicable a favor del adherente o del consumidor. Esta regla es excepcional porque solo se aplica si la ley expresamente lo establece o si las partes así lo han pactado (por ejemplo, incorporando al contrato un “glosario” o una serie de definiciones de los términos que se van a utilizar en el mismo).

Volviendo al caso, el camarista puntualizó que “el conocimiento de las condiciones generales de la póliza que reconoce el actor en su prueba confesional, no me parece suficiente para considerar que había sido debidamente informado y aconsejado de que si se producía uno de los siniestros previstos dentro del contrato, no le sería cubierto.

Explica Rubén Stiglitz (“Deber de información precontractual y contractual. Deber de consejo. La cuestión en los contratos paritarios y de consumo”, en LL -2009-B, 1085) que el deber de información “adecuada y veraz” busca reestablecer el equilibrio contractual en la contratación contemporánea signada por la ausencia de negociación individual, el predominio de los contratos predispuestos, y las diferencias entre el experto – en este caso la aseguradora – y el profano (asegurado). Alterar esa asimetría informativa permite expresar libremente el consentimiento.

En el caso de los contratos de consumo, la información debe incluir el deber de consejo, entendido como asistencia brindada por el experto “poniendo en guardia” o “llamando la atención del cocontratante” sobre un aspecto negativo del contrato, y en materia de seguros, ejemplifica Stiglitz con la insuficiencia y con la necesidad de una garantía adaptada a las necesidades del asegurado y “que sea jurídicamente eficaz” (ob.cit. nº13).” (la negrita es nuestra)

Agregamos que el CCC incorpora expresamente el deber de información en los contratos de consumo:

“ARTICULO 1100.- Información. El proveedor está obligado a suministrar información al, consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión.”

Justamente, en este caso, no se ha probado en autos que ese deber de información y consejo haya sido debidamente cumplido, en tanto se le proveyó por parte de la aseguradora profesional un contrato de seguro que cubría el caso de robo del automotor, sin advertirle que ese riesgo no estaba cubierto en razón de la situación particular que el asegurado tenía respecto al dominio del automotor.

El deber de información, consecuencia de la buena fe que debe presidir el contrato, hubiera obligado a la aseguradora a excluir expresamente el riesgo de robo o hurto hasta tanto el asegurado no se encontrara en condiciones de transmitir el dominio. La demandada debió advertir expresamente al asegurado profano, ponerlo en guardia, llamarle la atención, sobre el riesgo asegurable (Stiglitz, Ruben “Derecho de seguros” Abeledo – Perrot, Bs.As. 1997 p.171 nº 116) y cuestión no menor, no debió contratar y tampoco debió cobrarle al actor por un riesgo que la compañía sabía que no iba a pagar, pero el asegurado ignoraba que no iba a cobrar.” (la negrita es nuestra)

Además, el preopinante se pronunció en forma favorable a los agravios de la actora y, con un concepto amplio del rubro “privación de uso del rodado”, consideró que tal privación de uso se compute a un valor de “$ 50 por día, desde la fecha de la mora, fijada a los 45 días de la denuncia del siniestro (13.04.2011), esto es el día 29 de Mayo de 2011 y hasta la fecha en que se efectivice el cumplimiento de la obligación de la aseguradora de indemnizar al actor por el hurto del auto”.

Siendo compartido este criterio, se resolvió rechazar el recurso de apelación de la demandada y hacer lugar íntegramente al de la actora, modificando la sentencia apelada y disponiendo que:

a) la privación de uso se compute a un valor de $ 50 por día, desde la fecha de la mora, fijada a los 45 días de la denuncia del siniestro (13.04.2011), esto es el día 29 de Mayo de 2011 y hasta la fecha en que se efectivice el cumplimiento de la obligación de la aseguradora de indemnizar al actor por el hurto del auto.

b) la tasa deinterés aplicable sea la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo digital o “Banca Internet Provincia” (BIP);

c) Las costas de esta instancia se imponen – por ambos recursos – a la demandada vencida.

Dr. Jorge Oscar Rossi

 

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009

 
Archivos Adjuntos:

DESCARGUE EL FALLO COMPLETO (FUENTE: www.scba.gov.ar)

 
 
 
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