BLOGS DE INSTITUTOS
    Instituto de Internacional Privado  
    Instituto de Niñez y Adolescencia  
    Instituto Virtual Derecho Penal y Politica Criminal  
    Instituto de Derecho Procesal Penal  
    Comisión de Discapacidad  
    Comisión de Cuestiones Penitenciarias  
    Instituto de Derecho Administrativo  
    Instituto de Derecho Informático  
    Instituto de Derecho Procesal Civil  
    Instituto de Investigación  
 
LINKS DE INTERES
 
 
 
 
 
 
 
 
12/10/2015
¿El Nuevo Código posibilita un cambio de tendencia jurisprudencial?: No solo el legislador nacional dispone cuáles bienes son inembargables
La Cámara Civil y Comercial de La Plata confirmó la sentencia que dispuso la suspensión de la subasta de un inmueble, con fundamento en la ley 14.432, según la cual todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular. Ante el planteo de inconstitucionalidad de dicha norma, el Tribunal se apartó de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para hacerlo, entre otros fundamentos, aplicó el art. 244 del Código Civil y Comercial, por considerar que de este artículo se desprende que las provincias pueden establecer regímenes de inejecutabilidad de viviendas aún más favorables que los que dispone la normativa nacional, pues “el sentido del nuevo Código sustancial es ampliar las garantías, en consonancia con las que emanan de la Carta Magna federal y los Tratados Internacionales.” TEXTO COMPLETO DEL FALLO
 

Así lo resolvió la Sala Segunda, en los autos “H.M. C/ G.M.A. S/COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES”.

 

Se trata en el caso de un cobro ejecutivo de alquileres, en el que se ha ordenado la subasta de un bien inmueble de la fiadora, señora V.G. Esta última peticionó la suspensión de la subasta en virtud de lo prescripto por la ley 14.432, que declara inembargable e inejecutable a todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única y de ocupación permanente, salvo renuncia expresa del titular, conforme los requisitos de dicha ley (arts. 1, 2, ley 14.432).

En primera instancia se hizo lugar al pedido, disponiéndose la suspensión de la subasta ordenada con fundamento en lo normado por la ley 14.432.

 

Cabe destacar que la ley provincial 14.432 establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular (art. 2), siempre que constituya el único inmueble del titular destinado a vivienda y de ocupación permanente, y que guarde relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar, si existiere, (art. 3). Esta condición de inmueble “inembargable e inejecutable” no será oponible respecto de deudas originadas en:

a) Obligaciones alimentarias.

b) El precio de compra-venta, construcción y/o mejoras de la vivienda.

c) Impuestos, tasas, contribuciones, expensas que graven directamente la vivienda.

d) Obligaciones con garantía real sobre el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos de la adquisición, construcción o mejoras de la vivienda única. (art. 5).

 

La decisión es apelada por la ejecutante y, en la Alzada, la vocal preopinante es la Dra. Bermejo.

La apelante destaca que, en oportunidad de contratar, las partes se sujetaron a las normas constitucionales que rigen en la actualidad y que se encontraba vigente la ley 14.394. Agrega que al concertar el contrato de locación los suscribientes conocían sus obligaciones y que el principio de la buena fe objetiva apunta a una conducta de lealtad recíproca que debe acompañar el negocio en todas sus etapas. Expresa además que la ley 14.432 no puede afectar un contrato anterior ni a una fianza otorgada con previsiones inexistentes al momento de su otorgamiento. Refiere que el legislador provincial no calificó como retroactiva a la ley, ni estableció su aplicación a situaciones existentes antes de su sanción. Asimismo, plantea la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión, alegando que la citada ley 14.432 ha sido dictada por un órgano que carece de facultades para ello.

 

Para la preopinante, la cuestión jurídica a resolver en el presente es si la ley provincial 14.432, sancionada el 29 de noviembre de 2012 -destinada a la protección de la vivienda única y permanente, al establecer que la misma es inembargable e inejecutable- alcanza a proteger a la propiedad de la señora G.. El pronunciamiento atacado así lo ha entendido por apreciar cumplidos los requisitos que esa normativa dispone.” (la negrita es nuestra)

 

En primer lugar, corresponde abordar si esta legislación, dictada luego de la suscripción del contrato de locación…, afecta a la relación jurídica existente entre las partes.” (la negrita es nuestra)

 

Al respecto, recordó la magistrada que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que no es retroactiva la aplicación de la ley nueva al caso aun cuando resulte referida a una relación jurídica existente –nacida bajo el imperio de la ley antigua– si de ella sólo se alteran efectos que por producirse después de la entrada en vigencia del nuevo texto, no se encuentran al amparo de la garantía de propiedad (C.S., Fallos: 297:117).

Para que sea un derecho adquirido, será necesario que su titular haya cumplido -bajo la vigencia de la norma derogada o modificada- todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular del derecho de que se trata, aún cuando falte la declaración formal de una sentencia o acto administrativo (Fallos: 296:723; 298:472; 304:871; 314:481,328:1381).” (la negrita es nuestra)

 

En el presente caso, “los presupuestos descriptos no han sido satisfechos. Ello así toda vez que por las características del derecho debatido no se ha consumado el crédito reclamado en el patrimonio del acreedor. A ello cabe reflexionar que, además, el inicio del proceso…, como el dictado de la correspondiente sentencia…, pedido y orden de subasta…acontecieron con posterioridad al dictado de la norma en cuestión (B.O. 28/12/12).

Incluso, cabe anticipar, por este fundamento, también son de aplicación a esta contienda las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación –ley 26.994- (art. 7, ley cit.).” (la negrita es nuestra)

 

Ahora bien, existen diversos precedentes que han declarado la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432, al igual que de otras normas similares emitidas por otras Provincias.

Así, la camarista recuerda que “esa ha sido la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Banco del Suquía S.A. c/ Juan Carlos Tomassini s/ P.V.E. - ejecutivo- apelación recurso directo” (sent. del 19-III-2002).

Ese Superior Tribunal recordó en ese fallo que “Desde sus primeros pronunciamientos esta Corte ha resuelto que las relaciones entre acreedor y deudor sólo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación, en virtud de la delegación contenida en el antiguo art. 67, inc. 11 (actual art. 75, inc. 12) de la Constitución Nacional (Fallos: 322:1050, considerando 7° y sus citas). Ello alcanza -obviamente- a la forma y modalidades propias de la ejecución de los bienes del deudor (Fallos: 271:140, último considerando)”. (la negrita es nuestra)

 

En síntesis, la Corte Suprema juzgó en dicho precedente que determinar qué bienes del deudor están sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor -y cuáles, en cambio, no lo están- es materia de la legislación común, y, como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional, lo cual impone concluir que no corresponde que las provincias incursionen en ese ámbito. Ese poder ha sido delegado por ellas a la Nación al sancionarse la Constitución y esta distribución de competencias no podría alterarse sin reformar la Ley Fundamental. Con las ya citadas normas cordobesas se ha pretendido alterar ese diseño constitucional e invadir el terreno en el que corresponde a la Nación dictar las normas. Por eso debe declararse su

invalidez (art. 31 de la Constitución Nacional)”. (la negrita es nuestra)

 

Sin embargo, la vocal decide apartarse del precedente por los siguientes fundamentos:

 

Por un lado, “uno de los horizontes desde los que se debe observar la validez de la ley 14.432 es desde la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada en nuestra misma Carta Magna federal.” (la negrita es nuestra)

 

En ese sentido, el art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos focaliza sobre que los Estados Partes se comprometen a adoptar a nivel interno la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

Por consiguiente, cuando se analiza la Cláusula federal de la misma Convención, prevista en su artículo 28, tendiente a que sus disposiciones se cumplan en toda la extensión del territorio de los estados partes cuando ellos tengan una forma federal de gobierno, no pueden invalidar normativas que otorgan una protección más amplia por la circunstancia que no haya sido efectuada por el legislador pertinente.

Asumida la responsabilidad internacional del Estado argentino, éste debe garantizar el progresivo ejercicio de los derechos humanos, evitando eludirla aplicación de una ley por cuestiones de competencia legislativa (Gasparini, “Ejecución de la vivienda única: régimen legal de la provincia de Buenos Aires”, Publicado en: LLBA 2015, febrero).” (la negrita y el subrayado es nuestro)

 

Dada la importancia que la magistrada asigna al art. 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación que extrae del mismo, nos permitimos transcribirlo:

 

Artículo 28. Cláusula Federal.


1. Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.

3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre si una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención.

 

Siguiendo con los fundamentos de la preopinante, en su opinión, “el segundo horizonte que lleva a reconsiderar la constitucionalidad de la norma es el creado con las pautas introducidas por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en protección de la vivienda.” (la negrita es nuestra)

 

En ese nuevo cuerpo jurídico, el legislador ha contemplado la protección de la vivienda familiar –ya sea conyugal o convivencial incluso- de diversas maneras. Una, dentro del marco de las decisiones que pueden tomarse dentro de la misma familia, exigiendo el asentimiento por el cónyuge o conviviente para ciertos actos –v.gr. los previstos en los arts. 250, 456 y sigs, 470, 522, entre otros-; otra, estableciendo la protección de la vivienda frente al ejercicio de derechos de terceros –arts. 244 a 256, CCCN-.

Es en este nuevo contexto que el artículo 244 expone que “Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo, un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales”. (la negrita y el subrayado es nuestro)

 

Para la magistrada, la previsión por el legislador nacional de otras normativas que puedan dictarse habilita a que las Provincias puedan hábilmente legislar sobre ello. Justamente, no habría que interpretar restrictivamente esta posibilidad – reconociéndoselo sólo, por ejemplo, al Congreso de la Nación- cuando el sentido del nuevo Código sustancial es ampliar las garantías, en consonancia con las que emanan de la Carta Magna federal y los Tratados Internacionales. (la negrita es nuestra)

 

Siendo compartido este criterio, se resolvió confirmar la sentencia apelada.

 

NOTA RELACIONADA

 

Dr. Jorge Oscar Rossi

 

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009

 
Archivos Adjuntos:

DESCARGUE EL FALLO COMPLETO (FUENTE: www.scba.gov.ar)

 
 
 
CAM - Colegio de Abogados de Morón   
 
Bartolomé Mitre 964  •  Morón  •  4629-0404 •  info@camoron.org.ar