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06/10/2014
Los jueces insisten: Solo el legislador nacional dispone cuáles bienes son inembargables
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul confirmó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432, que establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable. El Tribunal recordó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la cual se sostuvo que “lo relativo a las relaciones entre el deudor y el acreedor y a la ejecución de los bienes del deudor constituyen cuestiones propias de la legislación federal, delegadas por las Provincias a la Nación”. La Cámara destacó que la “ley nacional 14.394 de Bien de Familia regula la misma materia legislada por la citada ley provincial”, tema también recibe tratamiento en el nuevo Código Civil y Comercial. TEXTO COMPLETO DEL FALLO Y COMPARACIÓN CON EL REGIMEN DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
 

Así lo dispuso la Sala II, en los autos “GOÑI, HUGO HORACIO C/ CORIA, SERGIO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO” (Causa Nº 59.018).

El actor promovió el cobro ejecutivo de $ 299.540 contra Sergio Daniel Coria persiguiendo el cobro del capital e intereses adeudados por el libramiento de seis cheques impagos a su vencimiento por carecer de fondos depositados en su cuenta corriente bancaria. El ejecutado solicitó que, por aplicación de la ley provincial 14.432 se declare la inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble que habita con su familia. La actora solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la ley citada.

A su turno, la juez de primera instancia se pronunció admitiendo la pretensión del ejecutante y declaró para el caso la inconstitucionalidad de la mencionada ley 14.432.

Cabe destacar que la ley provincial 14.432 establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular (art. 2), siempre que constituya el único inmueble del titular destinado a vivienda y de ocupación permanente, y que guarde relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar, si existiere, (art. 3). Esta condición de inmueble “inembargable e inejecutable” no será oponible respecto de deudas originadas en:

a) Obligaciones alimentarias.

b) El precio de compra-venta, construcción y/o mejoras de la vivienda.

c) Impuestos, tasas, contribuciones, expensas que graven directamente la vivienda.

d) Obligaciones con garantía real sobre el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos de la adquisición, construcción o mejoras de la vivienda única. (art. 5).

Contra ese pronunciamiento el demandado interpuso recurso de Apelación y en la Alzada, el vocal preopinante fue el Dr. Galdos, quien destacó que “la Corte Nacional resolvió varias veces que lo relativo a las relaciones entre el deudor y el acreedor y a la ejecución de los bienes del deudor constituyen cuestiones propias de la legislación federal, delegadas por las Provincias a la Nación”, añadiendo que la “ley nacional 14.394 de Bien de Familia regula la misma materia legislada por la citada ley provincial”. (la negrita es nuestra)

“Por consiguiente y toda vez que la ley 14.432 invadió esferas propia de la legislación nacional y de derecho común (arts. 75 inc 22 y 126 Constitución Nacional), que esa misma materia está regulada en la mentada ley 14.394 y que constituye una razonable reglamentación de la protección de la vivienda familiar, la ley local impugnada 14.432 resulta contraria a la Constitución Nacional (art. 31 C.N.).” (la negrita es nuestra)

El magistrado recordó que “esta es la actual doctrina de la Corte Federal que se pronunció en un antecedente de la Provincia de Córdoba a raíz de interpretaciones constitucionales del art. 58 de la Carta Magna de esa Provincia de 1987.

Ese artículo estableció que “la vivienda única es inembargable en las condiciones que fija la ley”, y la ley 8067 de aquella provincia estableció que “considérase automáticamente inscripta de pleno derecho como bien familia, a partir de la vigencia de esta ley, a los fines previstos por el art.58 de la Const. Provincial, la vivienda única que cumpla con los requisitos establecidos en la ley nacional 14.394" (cit. por Sup. Corte de Just. De Mendoza, Sala I, 4/8/94, “Balza, Oscar Emigdio en J 88.300 Jazlli, Juan Carlos c/ Gladys A. Coria y otros p/ Cob. Alq. S/ Inc.”, cit.en Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Protección jurídica de la vivienda familiar”, cit.p.484).

Sin embargo, mientras algunos tribunales cordobeses se pronunciaron por la inconstitucionalidad del art. 58 de la Constitución y de la ley reglamentaria 8067 por violar las leyes 14.394 y 17.801, y avanzar sobre la competencia privativa del Congreso Nacional que regula las relaciones entre acreedor y deudor y las cuestiones dominiales… el Tribunal  Superior, reconociendo la posible afectación de intereses de acreedores, resolvió por mayoría que “frente a situaciones de conflicto aquéllos deben ceder en función del resguardo de la dignidad humana y el bienestar familiar y general”, convalidando la inscripción automática de la vivienda única y asiento del grupo familiar como bien de familia registrado de pleno derecho (T.S.Córdoba, 14/3/2000, “Banco de la Provincia de Córdoba c/ Massa, Néstor N.”,…” (la negrita es nuestra)

Finalmente, “el conflicto interpretativo finalmente fue dirimido por la Corte Federal que decidió -por mayoría- que “corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 58 de la Constitución de Córdoba y la ley local 8067 pues determinar qué bienes del deudor están sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor –y cuáles no- es materia de la legislación común, y, como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional,por lo que no corresponde que las provincias incursionen en ese ámbito, pues ese poder ha sido delegado por ellas a la Nación al sancionarse la Constitución” (cf. C.S., 19/03/2002, “Banco del Suquía S.A. c/ Juan Carlos Tomassini”, Fallos 325-428).”

A mayor abundamiento, el preopinante señaló que el “régimen vigente del bien de familia de la ley 14.394 compatibiliza, adecuada y razonablemente, -dicho esto desde la óptica constitucional- el derecho a una vivienda sustraída de la prenda común de los acreedores, cumplimentados los requisitos de publicidad e inoponibilidad, por deudas ulteriores a su inscripción constitutiva en un Registro Público.” (la negrita es nuestra)

“Por lo demás ese sistema es el adoptado por el art. 244 del Proyecto 2012 de Código Civil y Comercial, siguiendo los antecedentes del Proyecto de Unificación del año 1998”. (la negrita es nuestra)

Siendo compartido este criterio, se resolvió confirmar la sentencia apelada que declaró, en el caso, la inconstitucionalidad de la ley 14.432 y denegó la inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble embargado con costas al demandado.

EL TEMA EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

La ley que aprueba el Código Civil y Comercial, que recibió sanción definitiva de Diputados el pasado 1° de Octubre y que entrará en vigencia el 1° de enero de 2016 deroga la ley 14394, que establece el régimen de bien de familia.

En su lugar, el tema se regula en los arts. 244 a 256 del Nuevo Código.

El citado art. 244, primero del Capítulo 3. denominado “Vivienda”, perteneciente al Título III (Bienes), del LIBRO PRIMERO. PARTE GENERAL, establece que:

“Afectación. Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo, un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales.

La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley nacional del registro inmobiliario.

No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer término.”

Nos permitimos resaltar la oración “Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales”, para destacar un futuro conflicto interpretativo: En efecto, esas “otras disposiciones legales” ¿son solo leyes nacionales o pueden ser también provinciales?

En este último supuesto,  ¿el legislador nacional, al que había sido delegada esta facultad por las provincias ahora decide compartirla?

Entendemos que las competencias que la Constitución Nacional atribuyen al Congreso Nacional en forma exclusiva no pueden ser compartidas por este con las provincias, porque lo contrario implica una modificación del sistema federal establecido en nuestra Carta Magna.

Dejando de lado esta cuestión, las modificaciones más importantes al régimen del bien de familia que surgen del nuevo Código, tal como se explica en los Fundamentos del Proyecto Original, redactado por la Comisión integrada por los doctores Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, son:

(a) se autoriza la constitución del bien de familia (en realidad, “vivienda inembargable” sería una mejor denominación del instituto) a favor del titular del dominio sin familia, atendiendo a la situación, cada vez más frecuente, de la persona que vive sola y se permite que el bien de familia sea constituido por todos los condóminos, aunque no sean parientes ni cónyuges (art. 245 y 246)

 (b) la afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las cuestiones relativas a la

conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida; (art. 245)

(c) se amplía la lista de los beneficiarios al conviviente; (art. 246)

(d) se prevé expresamente la subrogación real, que permite adquirir una nueva vivienda y mantener la afectación, así como extender la protección a la indemnización que provenga del seguro o de la expropiación; (art. 248)

(e) En caso de quiebra del constituyente del bien se adopta el criterio según el cual el activo liquidado pertenece sólo a los acreedores anteriores a la afectación, y si hay remanente se entrega al propietario; (art. 249)  

(f) además, se admite la retroprioridad registral, en tanto se remite a las normas de la ley registral que así lo autorizan; (art. 249) 

(g)  Se establece expresamente la inoponibilidad de la afectación a los créditos por expensas en la propiedad horizontal y a los créditos alimentarios, (art. 249) 

FALLO RELACIONADO

 

Dr. Jorge Oscar Rossi

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009

 

 

 
Archivos Adjuntos:

DESCARGUE EL FALLO COMPLETO (FUENTE: www.scba.gov.ar)

 
 
 
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