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14/07/2014
Paradoja: El régimen de “pequeños concursos” no sirve para los verdaderos “pequeños concursos”
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul revocó por prematura la sentencia apelada, en cuanto denegó la apertura del proceso concursal, impuso las costas a los concursados y reguló honorarios; otorgando el plazo de diez días improrrogables para que los actores cumplan con los requisitos formales para la petición de su concurso preventivo. El concurso fue solicitado por un matrimonio de jubilados sobreendeudado por necesidades de consumo. El Tribunal analizó la problemática del sobreendeudamiento y destacó que “cuando el sobreendeudamiento deviene en falencia, la legislación concursal carece de un remedio específico, existe un verdadero vacío legislativo, dado que el régimen previsto para pequeños concursos no constituye un mecanismo idóneo para la solución de la problemática descripta, menos aun cuando, como en el presente, la insolvencia afecta a la clase pasiva con pocas posibilidades de recuperación”. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
 

Así lo resolvió, la Sala II, en los autos “C., A. B. y otro/a s/ Concurso preventivo (pequeño)”

En la sentencia de primera instancia se rechazó la petición de pequeño concurso preventivo solicitado por los actores, con costas.

La sentencia consideró incumplidos los requisitos de apertura previstos en el art. 11 de la LCQ, esenciales para dar inicio al concurso. Dijo el a quo que en el caso no procede conceder el plazo de gracia previsto en la norma citada por cuanto dicha extensión requiere una causal debida y válidamente fundada, que no se verifica en autos. Señaló que los requisitos legales de apertura del concurso están orientados a posibilitar al magistrado el análisis de la situación patrimonial del concursado y su incumplimiento conlleva la imposibilidad de realizar dicho análisis. Destaca que este concurso ha sido solicitado por un matrimonio de jubilados sobreendeudado por necesidades de consumo, abriendo paso a un supuesto especial que aún no encuentra regulación legal: la concursabilidad del consumidor.

La referida sentencia fue apelada por los concursados quienes reiteran el pedido de prórroga, oportunamente solicitado en el escrito de inicio, e insisten en que, dado su carácter de jubilados, no comerciantes, la información aportada es suficiente para brindar un conocimiento de su estado patrimonial, por lo que solicitan se revoque la sentencia apelada disponiéndose la apertura del concurso.

En la Alzada, el vocal preopinante es el Dr. Peralta Reyes quien puntualiza que el concurso es solicitado por un matrimonio de jubilados, que poseen como único activo el inmueble que habitan, sus jubilaciones, y un pagaré a su favor…, mientras que su pasivo se encuentra constituido principalmente por deudas derivadas de la financiación de su propia subsistencia (ver resúmenes de deudas de fs….). (la negrita pertenece al original, el subrayado es nuestro)

El magistrado recuerda que “situaciones como la presente han sido estudiadas por la doctrina bajo el rótulo de sobreendeudamiento del consumidor. En algunos casos se prefiere la expresión sobreendeudamiento de los particulares, que en el sub-caso cabe precisar aún más como sobreendeudamiento de sobrevivencia, definido como el endeudamiento mínimo indispensable para el mantenimiento de la vida del deudor y su familia, como alimentación, vestido, servicios del hogar como electricidad, agua, etc.; lo que debe ser distinguido del sobreconsumo en el que el deudor recurre al préstamo para sostener un estilo de vida extravagante, que excede su mera supervivencia (Alegría, Héctor, en “Los llamados pequeños concursos…” L.L.2005.E, pág. 1358).” (la negrita es nuestra)

También se ha distinguido entre sobreendeudamiento activo y pasivo, definiéndose el primero como una situación de base, caracterizada por el endeudamiento irresponsable del deudor que contrae más obligaciones de las que puede afrontar, mientras que el sobreendeudamiento pasivo se desencadena como consecuencia de acontecimientos posteriores al nacimiento de la obligación, como por ejemplo, la pérdida del empleo, la jubilación, la enfermedad del deudor, etc…” (la negrita pertenece al original, el subrayado es nuestro)

Dentro de la abundante doctrina nacional y extranjera citada por el camarista, se señala que “el fenómeno de sobreendeudamiento no debe centrarse sólo en las conductas desarrolladas por deudores irresponsables o poco previsores, sin contemplar la conducta desplegada por algunos proveedores que mediante publicidades engañosas, promociones agresivas, ventas realizadas sin una adecuada verificación de las posibilidades reales de pago –a menudo, impulsadas por el afán de incrementar comisiones y cumplir cupos- coadyuvan al agravamiento del fenómeno contemplado (cfr. Bersten, Horacio L “La regulación del sobreendeudamiento de los consumidores”, La Ley, Suplemento Actualidad, 30/8/11, 1).” (la negrita es nuestra)

Ahora bien, cuando el sobreendeudamiento deviene en falencia, la legislación concursal carece de un remedio específico, existe un verdadero vacío legislativo, dado que el régimen previsto para pequeños concursos no constituye un mecanismo idóneo para la solución de la problemática descripta, menos aun cuando, como en el presente, la insolvencia afecta a la clase pasiva con pocas posibilidades de recuperación (cfr. Junyent Bas, Francisco A., Izquierdo, Silvina ¿Decoctor ergo fraudator? La quiebra de los consumidores”, La Ley, Suplemento de Concursos y Quiebras 2009 (Octubre), pto. II.1 “el vacío normativo”).” (la negrita es nuestra)

Así, “se ha dicho que la Ley de Concursos y Quiebras, en sus arts. 288 y 289, determina cuáles son los casos de pequeñas quiebras y pequeños concursos, pero “se limita a bautizarlos… sin fijar un procedimiento que aligere los pasos que hacen al trámite común en materia concursal”, así, “por pequeña que sea una quiebra, tramitará como las adultas, y por pequeño que sea un concurso preventivo, padecerá la inmodificada y aún acrecida pesantez del régimen anterior” (cfr. Maffía, Osvaldo J. “Procedimiento especial (sólo que sin procedimiento especial) para los pequeños concursos”, ED, 165, 1226 (1996);…” (la negrita es nuestra)

“La insuficiencia de la ley concursal para resolver la problemática de la insolvencia de las personas físicas –no comerciantes-, comienza a verificarse y tener recepción en nuestra jurisprudencia. Así, a partir de un pedido de quiebra de un profesor de secundario de la Provincia de Buenos Aires, rechazado en primera instancia por falta de activo, con fundamento en el abuso del derecho (art. 1071 del Cód. Civ.), el tribunal señaló -con cita de Kemelmajer de Carlucci- que “desde hace más de treinta años, en la Argentina, los concursos dejaron de ser una figura exclusivamente mercantil; por el contrario el sistema comprende a comerciantes y no comerciantes, artesanos, empleados, ama de casa, jubilados, grandes y pequeños deudores”… De modo que -continúa el precedente citado- si a este grupo desventajado se les cierra la vía concursal, se los perpetúa en una situación de padecimiento que el sistema de orden público protectorio no puede permitir –este último párrafo recoge una cita del voto conjunto los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni referido al orden público protectorio del consumidor, que resulta aplicable al presente, C.S.J.N in re “Rinaldi…”, del 15/3/07, La Ley 2007-B, pág. 413-.” (la negrita es nuestra)

En definitiva, “cuando se presentan circunstancias específicas como la descripta en autos, los requisitos omitidos –si bien esenciales- pueden completarse con posterioridad a la petición inicial, siendo que la prórroga fue expresamente solicitada en ambas instancias. Existe una causa válidamente fundada para conceder el plazo de gracia previsto en el art. 11 in fine de la LCQ, constituida por la protección que los poderes públicos deben brindar a este grupo desventajado (clase pasiva) frente a su falencia, por lo que resulta prematuro el rechazo in límine de la petición…” (la negrita es nuestra)

Siendo compartido este criterio se resolvió revocar por prematura la sentencia apelada, en cuanto denegó la apertura del proceso concursal, impuso las costas a los concursados y reguló honorarios; “otorgándose el plazo de diez días improrrogables para que los actores den cumplimiento cabal a lo previsto en el art. 11 de la LCQ, debiendo el Sr. Juez de Grado verificar en una ulterior evaluación la procedencia del concurso preventivo solicitado; sin costas de alzada, atento la forma como se resolvió la cuestión.”

Dr. Jorge Oscar Rossi

Director del Boletín Jurídico del CAM

 
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DESCARGUE EL FALLO COMPLETO (FUENTE: www.scba.gov.ar)

 
 
 
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