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26/05/2014
No estaría prescripta la acción…si tuviera acción
La Cámara en lo Civil y Comercial de La Plata consideró aplicable a los contratos de seguros el plazo de prescripción de tres años contemplado en la Ley de Defensa del Consumidor pero igualmente confirmó el rechazo de la demanda, al entender que “de las constancias de autos no se puede considerar acreditado que el causante tuviera seguro de vida al momento de producirse su deceso”. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
 

Así lo resolvió la Sala Segunda, en los autos "BERATTI, PATRICIA MARCELA C/ PROVINCIA SEGUROS Y OTRO S/ MATERIA DE OTRO FUERO.

El objeto de la pretensión incoada por la actora fue reclamar en su carácter de cónyuge beneficiaria el cobro del seguro de vida correspondiente a la muerte de su esposo Guillermo H. Raimondi, acaecida en el mes de enero de 2006 y que desempeñaba sus tareas en el ámbito de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires.

La demanda fue articulada el 2 de febrero de 2009, habiendo denunciado la actora que tomó conocimiento de la existencia del seguro en que sustenta su reclamo, en el mes de febrero de 2006.

La sentencia de primera instancia declaró prescripta la acción por cobro de seguro de vida interpuesta contra el demandado Provincia Seguros S.A.

El juez de primera instancia consideró que no resulta aplicable al caso el plazo de prescripción de tres años que contempla la ley de defensa del consumidor, al interpretar que la ley de seguros es una ley especial frente a la normativa de consumo y que esta última no la ha derogado.

Agregó a ello que el plazo más largo rige para las acciones previstas en la ley 24.240 por así decirlo por el artículo 50 en tanto que las acciones derivadas del contrato de seguro no son contempladas en dicha ley y se rigen por su ordenamiento especial.

Apela la actora, agraviándose por el error en que ha incurrido el juzgador –a su criterio- respecto de la aplicación de la ley de seguros al caso en litigio.

Rebate lo resuelto por el fallo atacado, aduciendo que la doctrina legal en que se basó el sentenciante de grado para establecer la aplicación del plazo de prescripción anual del artículo 58 de la ley 17.418, ha quedado en desuso.

Sostiene que, en la actualidad, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha decidido que, a partir de la reforma introducida por la ley 26.361 al régimen normativo de usuarios y consumidores, ninguna duda cabe acerca de que el plazo de prescripción establecido por el artículo 50 de la ley 24.240 incluye a las acciones judiciales emergentes de los contratos de consumo, entre los cuales cabe contabilizar a los contratos de seguro.

En la Alzada, la vocal preopinante es la Dra. Ferrer, quien destacó que “la ley de defensa del consumidor ha modificado la legislación positiva en todos aquellos supuestos en que exista una relación de consumo.

Dicha norma resulta de aplicación a cualquiera de los contratos regulados en el ordenamiento, siempre que el caso en conflicto se trate de un contrato que dicha ley tipifica como de consumo.

Empero, si el plazo prescripto, según la redacción anterior del art. 50 (art. 3, C.C.), excluyera aquellos casos de consumo que tienen una regulación especial, como es el contrato de seguro, llevaría a que no haya relación de consumo en prácticamente ningún caso.

Interpretar que la Ley de Seguros es una ley especial que no resulta derogada por la ley 24.240 significaría que la normativa tutelar quedaría vacía de contenido, pues esa relación jurídica como cualquier otra tiene una regulación especial, en último caso, incluso, en el Código Civil.

Siguiendo tal interpretación, cualquier contrato debería entenderse que tiene una normativa especial frente a la genérica de consumo y ello importaría que esta última se tornara inaplicable.” (la negrita y el subrayado es nuestro)

La segunda vocal en votar, Dra. Bermejo, si bien coincidió con los fundamentos de la preopinante, consideró que por el carácter vinculante de la doctrina legal que emana de las sentencias de la Suprema Corte de la Provincia no puedo seguir esa postura.” (la negrita es nuestra)

“Por ese motivo, aprecio que la solución al caso se impone en el sentido que ese Superior Tribunal asumió en el precedente “Canio, Daniel Gustavo c/ Seguro Metal Cooperativa de Seguros s/ Cumplimiento contractual” (SCBA, C 107516, sentencia del 11-VII-2012).

En el voto del señor Juez doctor Pettigiani, se desarrolló que “Por un doble orden de razones, estimo que no corresponde subsumir el presente litigio en los alcances de la norma reformada. En primer lugar, se encuentra el valladar impuesto por el principio de irretroactividad de la ley … pues si bien … esta Corte tiene dicho que si la ley es interpretativa de otra en cuanto resulta que ha tenido por finalidad precisar su sentido y establecer su verdadero ámbito de aplicación- ambas se confunden formando una sola, que no es nueva, sino la anterior aclarada y cuya aplicación es procedente en todos los casos que no estuviesen definitivamente juzgados (conf. Ac. 55.182, sent. del 13-VI-1995), no cabe a mi criterio otorgar tal carácter -meramente interpretativo o aclaratorio- a la aludida reforma legislativa que, a lo largo de treinta y siete artículos, introdujo sustituciones e incorporaciones normativas de una trascendencia indudablemente más extensa que el mero carácter aclaratorio….”

Agregó también que “Cabe recordar que el artículo 3 del Código Civil establece que las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir que consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedan sujetas a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico (conf. C. 101.610, sent. del 30-IX-2009).”

En consecuencia, habiendo acontecido el hecho por el cual se reclama con anterioridad a la reforma del referido artículo 50 de la ley 24.240, aprecio que la normativa aplicable a los fines del cómputo de la prescripción es la que surge de la ley de seguros.” (la negrita es nuestra)

El Dr. Hankovits, en su carácter de Presidente del Tribunal, expresó que “sin dejar de desconocer el valor legal de la doctrina legal emanada de los fallos de nuestra Suprema Corte (arts. 161 inciso 3° a) de la Const. Prov.; 279 y 289 del CPCC), en cuanto jurisprudencia vinculante y su correlativa función uniformadora de criterios jurisdiccionales, cierto es que cuando se invocan razones nuevas, motivaciones no atendidas o meritadas en los precedentes dictados, su grado de vinculatoriedad se ve menguado permitiendo, con base en aquéllas, brindar una distinta solución al caso en juzgamiento.” (la negrita es nuestra)

Para este magistrado, “una cosa es desconocer lisa y llanamente la doctrina legal, y otra muy distinta es, con nuevos fundamentos (vgr: cita de un pronunciamiento posterior atingente de la CIDH cuya falta de acatamiento puede generar responsabilidad internacional; ver en ese sentido, in re “Gelman vs. Uruguay”, sent. del 20 de marzo de 2013; par. 65 a 69) otorgar una diferente resolución al asunto, que posibilite a su vez una eventual nueva intervención de nuestro Máximo Tribunal local, evitando de ese modo se torne pétrea su especial jurisprudencia, sin desmedro de garantizar la necesaria seguridad jurídica e igualdad ante la ley, función eminentemente casatoria. En definitiva, entiendo que nuestro legislador no ha buscado el ciego seguimiento sino el razonable acatamiento de la doctrina legal, faena que exige a su vez una prudente y debida argumentación.”

Con ese, alcance, adhirió al voto de la Dra. Ferrer, respecto de la aplicación del plazo de prescripción de tres años.

Sin embargo, distinta suerte tuvo el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por la demandada, quien sostiene que Provincia Seguros S.A. percibió la última prima en el mes de octubre de 2004 motivo por el cual el causante no se encontraba amparado por seguro alguno al momento de fallecer.

Al respecto, la preopinante consideró que “asiste razón a la accionada, toda vez que de las constancias de autos no se puede considerar acreditado que el causante tuviera seguro de vida al momento de producirse su deceso.

La actora hace referencia a recibos de sueldo anteriores a la muerte de su cónyuge, de los que surgiría el descuento de las primas de seguro, mas tal documentación no ha sido adjuntada a la causa.

Los recibos de los que surgirían tales descuentos datan del año 2004 y no se acompañan los recibos anteriores al fallecimiento.” (la negrita es nuestra)

En el caso, “surge de la pericia contable…, que en el sistema del seguro colectivo la entidad contratante efectuaba el pago de las primas cobrando a los asegurados la parte proporcional.

Como puede observarse, si no se abonaron las primas, ello en modo alguno puede ser imputable a la aquí accionada.

En cuanto al pago de las pólizas a que se hace referencia en la pericia, corresponde al monto global que debe abonar la empleadora. Mas ello en modo alguno demuestra que existiera una prima correspondiente al causante de autos.” (la negrita es nuestra)

En definitiva,  entiende que “la demanda de autos no puede prosperar, toda vez que no se ha demostrado que al momento de su deceso el Señor Guillermo H. Raimondi contara con seguro de vida que amparara tal siniestro…” (la negrita es nuestra)

Por lo anterior, si bien la Alzada rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada; terminó confirmando la sentencia apelada en tanto rechaza la demanda, al hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva.

Dr. Jorge Oscar Rossi

Director del Boletín Jurídico del CAM

 
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DESCARGUE EL FALLO COMPLETO (FUENTE: www.scba.gov.ar)

 
 
 
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